El recurso del Gobierno contra el etarra Atristain no aprovechó otros casos similares

ABC ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Justicia y a la Abogacía del Estado su escrito de oposición previo a esa sentencia del pasado 18 de enero y el recurso posterior, que ni siquiera fue admitido a principios de este mes. O, como mínimo, algún dato sobre la jurisprudencia del TEDH que utilizó España para evitar ese fallo europeo. Ni el Gobierno ni sus servicios jurídicos han facilitado esa información no sólo a ABC, tampoco a las asociaciones de víctimas.

La única pista es la propia sentencia del TEDH, que incluye las alegaciones del etarra y del Gobierno. El primero argumentó que fue condenado por lo que él mismo confesó tras ser detenido en 2010, gracias a lo cual la Guardia Civil le incautó numerosos explosivos y planes para atentar . Atristain recurrió al TEDH en 2015 porque, según él, los agentes le amenazaron con detener a su novia si no colaboraba. También denunció que fue interrogado sin un abogado de su confianza, sino con uno de oficio, como prevé la legislación española para los detenidos por terrorismo en los cinco días que, como máximo, pueden estar incomunicados.

La sentencia del TEDH recoge sólo dos alegaciones de la Abogacía del Estado basadas en jurisprudencia del propio tribunal europeo para rebatir la versión del etarra. La primera, por un caso similar en Suiza en 1979 para argumentar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) «no establece que una persona deba estar representada por un abogado mientras se encuentra bajo custodia policial».

Y la segunda, por otro precedente en Alemania en 1992 según el cual «el derecho a la asistencia letrada no supone necesariamente que el abogado que asiste al acusado sea de su propia elección», sino que puede ser de oficio. Sólo dos ejemplos y de hace 43 y 30 años, respectivamente. Es decir, poca jurisprudencia y además del siglo pasado , cuando la hay más reciente y abundante.

Por ejemplo, la resolución del propio TEDH que en 2005 ni siquiera admitió el recurso de un condenado por terrorismo que alegaba lo mismo que Atristain . Se trata de Neil Fraser Latimer, miembro de un grupo unionista de Irlanda del Norte condenado por el asesinato en 1983 del hermano de un concejal de Sinn Fein, el brazo político del IRA. Estuvo durante una semana en un centro de detención, en el que también confesó para después retractarse asegurando que lo hizo bajo torturas policiales. Como Atristain.

El TEDH sentenció entonces que el acceso a un abogado desde la detención policial «no está establecido explícitamente» en su Convenio de Derechos Humanos y que además «puede estar sujeto a restricciones por una buena causa» . Además, recordó que las confesiones de este terrorista ante la Policía británica «fueron examinadas en varias ocasiones» por distintos tribunales del Reino Unido, en los que estuvo representado por su abogado y se le permitió declarar. Idéntico a Atristain.

El TEDH tampoco dio credibilidad a los malos tratos que esgrimió Latimer, incluso aunque que el centro en el que estuvo detenido fue criticado por el Comité para la Prevención de la Tortura. A pesar de todo ello, el Reino Unido consiguió que el tribunal de Estrasburgo ni siquiera admitiera el recurso . Al contrario que con Atristain.

Más reciente y contundente fue otro caso en el mismo TEDH del que tampoco consta que el Gobierno y la Abogacía del Estado lo hayan aprovechado. Estrasburgo rechazó en 2008 el recurso contra Rusia de un condenado por violar y asesinar a una joven, Aleksandr Ivakhenko. Y lo hizo, entre otros, con un argumento demoledor.

«A falta de una alegación fundamentada de que la confesión se obtuvo como resultado de malos tratos, el mero hecho de que el demandante fuera interrogado inicialmente en ausencia de su abogado y de que el tribunal de primera instancia admitiera su confesión no podía menoscabar las imparcialidad general del juicio» , sentenció entonces el TEDH. Justo lo contrario de lo que acaba de fallar y ratificar respecto a Atristain, que sí contó con un abogado de oficio y que fue examinado a diario por un médico para certificar que no era maltratado.

El mismo tribunal europeo aclaró entonces que, aunque el interrogatorio policial de Ivakhenko fue sin abogado, eso «no le privó de la oportunidad de defenderse posteriormente» en la instrucción judicial y en el juicio. Otra vez, como Atristain, que contó con su propio abogado en ambas fases ante la Audiencia Nacional y en sus posteriores recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional, todos los cuales avalaron su condena a 17 años de cárcel.

También en 2008, el TEDH tumbó a las primeras de cambio más recursos similares, como uno contra Ucrania por un caso de tráfico de estupefacientes. Lo planteó una mujer, Nina Sidorivna Tsyuz, interrogada por la Policía sin poder elegir abogado. Y, una vez más, el tribunal de Estrasburgo recordó que su convenio «no especifica las condiciones para el ejercicio de este derecho», sino que «depende de las especificidades del procedimiento y de las circunstancias del caso».

Pese a que los detalles de estos tres ejemplos eran más restrictivos que en el de Atristain, el TEDH sí dio la razón a Reino Unido, Rusia y Ucrania en todos esos casos. Mientras, el Gobierno español sigue sin aclarar sí utilizó estos precedentes u otros similares contra el fallo europeo que anula la condena española de este etarra. O, si por el contrario, usó sólo un par de ejemplos y del siglo pasado.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha expresado su «gran preocupación» ante el temor de que el Gobierno haya despachado este asunto «sin poner toda la carne en el asador» para evitar ese fallo del TEDH contra España. El mismo del que ya se han beneficiado otros etarras , como Gorka Palacios y 'Gadafi', a los que la Audiencia Nacional ha absuelto de sendos atentados con sentencias redactadas por el magistrado José Ricardo de Prada aplicando esa misma 'doctrina Atristain' . Otros países, en casos muy parecidos, tuvieron más suerte o acierto ante Estrasburgo y a la primera.