Rajoy aplicará el 155 hasta crear un «escenario electoral» en Cataluña

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La posible convocatoria de unos comicios autonómicos, como salida de última hora para el embrollo en el que se han metido los independentistas , circuló ayer a toda velocidad por los pasillos del Congreso. Sonó a pista de aterrizaje de emergencia, una última opción para evitar «males mayores», según expresión del presidente Rajoy. Esto es, la aplicación de un artículo, el 155, que supondrá la intervención del Gobierno en la Comunidad Autónoma para restablecer la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Fuentes del Gobierno pusieron todos los matices posibles a esa opción electoral: «Depende de cómo se haga». Es decir, si la convocatoria de elecciones viene precedida de una declaración de independencia, la intervención del Gobierno de la Nación estará hecha. Y si se hace en cumplimiento de la ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, también. La convocatoria de comicios tendría que ser «legal», basada en la ley electoral que rige en Cataluña, que es la Loreg, la general nacional, al no tener una norma propia.

Mientras en el Congreso se abría esa posible puerta de emergencia, en La Moncloa seguían los trabajos para preparar el informe con las medidas que se adoptarán en Cataluña, y que permitiría al Gobierno actuar en el poder autonómico para poner fin al golpe secesionista. Rajoy quiere tenerlo todo pactado con el PSOE y con Ciudadanos. El martes se reunió con Pedro Sánchez , y ayer, con Albert Rivera. Los contactos son fluidos, y esos no serán los últimos.

En La Moncloa no estaba previsto ayer por la tarde la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario hoy mismo por la mañana, aunque sí habrá reacción a la respuesta que dé Puigdemont al requerimiento del Gobierno para restaurar la legalidad. A primera hora de la tarde, Rajoy viajará a Bruselas para participar en el Consejo Europeo, y no volverá a España hasta el viernes por la tarde, aunque iría directamente a Oviedo para participar en la entrega de los Premios Princesa de Asturias . La convocatoria de un Consejo de Ministros, obligatorio para aprobar las medidas del 155 que se enviarán al Senado, podría ser el sábado o el lunes, y dependerá de lo consolidado que tenga el acuerdo Rajoy con Sánchez y Rivera. El presidente podría aprovechar el fin de semana para cerrar los últimos flecos con los aliados constitucionalistas, tras llegar de Bruselas previsiblemente con el apoyo de todos sus socios europeos.

El Gobierno interpreta que el 155 es un artículo «totalmente abierto» . Desde esa perspectiva, se han barajado distintas opciones para «restituir el autogobierno» y la ley, como la de dejar a la Comisión de secretarios de Estado y subsecretarios con el control de las competencias intervenidas. Así se aseguraría una gestión más tecnócrata, con menos perfil político. Uno de los puntos de negociación con el PSOE es quién será la persona que estaría al frente de ese equipo.

Según fuentes del Gobierno, la activación del artículo 155 tendrá como objetivo la creación de un «escenario electoral» dentro de la legalidad. Es decir, si se produce la intervención, ésta podría acabar en unas elecciones, pero no inmediatas. Antes habría que acabar con la ilegalidad instaurada.

De esta manera se descarta la vía exprés que se manejó en algún momento en La Moncloa, tanto en la tramitación del 155, se llegó a hablar de 48 horas, como en su aplicación efectiva en la Comunidad. Las fuentes consultadas sostienen que frente al fraude que se produjo en el Parlamento catalán, los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad pisoteando los derechos de la oposición, el presidente del Gobierno quiere ser especialmente cuidadoso en las formas. De ahí que se hayan alargado los plazos en el requerimiento, hasta los ocho días, y que la tramitación en el Senado pueda alargarse una semana como mínimo, para subrayar las garantías políticas y parlamentarias.

El Gobierno quiere demostrar con esos hechos que está respetando la posibilidad de una rectificación y una debate parlamentario abierto.