Puigdemont ya maniobra para que Bruselas investigue a España

El siguiente «golpe» de esta ofensiva que algunos representantes españoles en la Eurocámara consideran como extremadamente seria, será introducir el tema en el pleno de la semana que viene en Estrasburgo dentro de la parte discrecional de la agenda que este mes le corresponde elegir al grupo de los Verdes. La dinámica en la que Puigdemont y su equipo han logrado engranar en este caso es la misma en la que se encuentran los gobiernos de Polonia y Hungría, sometidos a un escrutinio muy severo por su tendencia claramente autoritaria y falta de respeto al estado de Derecho y formalmente sancionados por la Comisión. Hoy se decide el orden del día de la sesión plenaria de la semana que viene y tanto los representantes del Partido Popular como del PSOE intentarán impedir al menos que el debate sobre las escuchas telefónicas se lleve a cabo con una resolución formal, pero no podrán impedir que los Verdes insistan en que haya debate en el Pleno. «Si se va a investigar a Polonia y a Hungría con razón, ¿cómo se justifica que no se investigue a España?» , reconoce Esteban González Pons, que considera que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no parece haberse dado cuenta de la gravedad de la trampa a la que le leva Puigdemont y que no es otra que «meter a España en el mismo cajón que ya están Varsovia y Budapest» como gobiernos acusados de no respetar el estado de Derecho.

Desde la estructura del propio Parlamento Europeo, donde constantemente se tramitan iniciativas más o menos malintencionadas contra gobiernos de los países miembros, recuerdan que el procedimiento de una Comisión de Investigación está muy tasado y que puesto que Puigdemont no es miembro de ningún grupo político, carece de capacidad de influencia en la decisión de los coordinadores de los grupos y no dispondrá de más información que la que sea pública. Sin embargo, Diana Riba, la esposa de Raul Romeva , elegida en las listas de ERC, ha sido situada por el grupo de los Verdes como segunda vicepresidenta del comité, lo que si le otorga cierta relevancia en las decisiones que se puedan tomar más adelante, esencialmente la de decidir qué comparecencias se solicitan o la de enviar una delegación parlamentaria a España para comprobar si las autoridades judiciales españolas respaldaron las escuchas que los independentistas catalanes denuncian.

Los comités de investigación tienen un año de vigencia y se supone que en este tiempo es más que probable que aparezcan casos relacionados con otros países miembros, lo que probablemente contribuirá a banalizar los reproches a gobiernos concretos.

En todo caso, el Parlamento Europeo ha establecido una unidad de técnicos que se dedican a analizar los teléfonos de todos los diputados y hasta ahora no han encontrado ningún indicio de que alguno de ellos haya sido espiado con este programa israelí. Para España es un asunto extremadamente grave verse mezclada en un asunto tan delicado con los gobiernos de Polonia y Hungría, a los que se pretende aplicar la legislación que impide recibir ayudas europeas precisamente por sus problemas con el respeto al Estado de Derecho.

En estos dos países se tenía constancia de que se han producido escuchas ilegales a personalidades políticas de oposición o periodistas críticos. En Polonia, por ejemplo, se sabe que el Gobierno nacional-populista ha espiado a Donald Tusk , el principal líder de la oposición, antiguo presidente del Consejo Europeo y ahora presidente del Partido Popular Europeo. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orban ha utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a alrededor de 300 personas, incluidos políticos opositores, abogados que defienden causas de derechos humanos o periodistas. Haber logrado mezclar a España en este barrizal es en si mismo un gran logro para Puigdemont.

Otros observadores de la política europea consideran que dentro de un año, cuando este comité termine sus trabajos y publique sus conclusiones, la situación política en España puede ser muy diferente y pueden haber salido a la luz otros casos en distintos países miembros. También puede servir para demostrar que en España se ha aplicado bien la ley a diferencia de lo que hayan podido hacer otros gobiernos. Pero de lo que no hay duda es que Puigdemont ha preparado desde hace tiempo este golpe con todos los detalles y que pretende utilizarlo en su beneficio. La idea de que una persona como él, reclamada por los tribunales, pudiera venir a España sin poder ser detenido a inspeccionar el funcionamiento de la Justicia se presenta como una humillación desconocida hasta ahora.

Una vez asumido que se producirá un debate en el próximo pleno y que Puigdemont lo utilizará para denunciar a España c omo un país donde se estarían violando sistemáticamente las leyes, el próximo paso que preparará dentro de su estrategia será decidir si quiere correr el riesgo de viajar a España como «víctima». Si lo hiciera no podría abandonar en ningún momento el programa de la delegación, es decir, que no sería libre de ir a donde quisiera, pero provocaría una situación extremadamente difícil de aceptar.