PSOE y Podemos usan la reconstrucción para maniatar a las empresas rescatadas

La enmienda establece que «cualquier rescate, ayuda y préstamo irá vinculado a condiciones ecológicas, sociales y económicas justas y sostenibles». Entre éstas, además de limitar el reparto de dividendos, el texto señala que «las empresas rescatadas o subvencionadas» tampoco podrán «operar o tener filiales en paraísos fiscales» . Además, tendrán que «cumplir con el acuerdo climático de París, comprometerse con la protección de la biodiversidad y cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres».

No obstante, las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción no tienen carácter legislativo por lo que no entrarán, de momento, en vigor. Una vez sean aprobadas este viernes, aún tendrán que ser elevadas al hemiciclo para su aprobación definitiva. Un trámite que se espera para la segunda quincena de julio. Después, el Gobierno tendrá que desarrollar una normativa para regularlas.

Y en este marco se produjo la primera entrevista en televisión a Pedro Sánchez desde el inicio de la crisis del coronavirus. Un acto que dio cuenta de lo complicado que será para el presidente del Gobierno aunar los apoyos necesarios para sacar adelante los nuevos Presupuestos . El plan del jefe del Ejecutivo pasa por aprobarlos «antes de final de año» y su intención es cuidar la mayoría de la investidura, pero atraer también a Ciudadanos (Cs). Al PP, pese a su apelación a la unidad, prácticamente lo descartó al acusarlo de «aislarse con la ultraderecha». Y el mensaje de ayer de Pablo Casado en Orense, «hay que bajar los impuestos», aleja el pacto.

En el complicado ejercicio para mantener en el mismo barco a los liberales y a su socio de coalición, Sánchez dificultó la presencia de los diputados de Inés Arrimadas. En su entrevista en La Sexta, prometió una subida de impuestos a las grandes corporaciones y recordó su plan de aumentar el IRPF a las rentas más altas.

El presidente entiende que es necesario incrementar los ingresos públicos para afrontar un plan de refortalecimiento de la sanidad pública. No obstante, en el entorno de Arrimadas expresan serias dudas de que ése sea el camino para lograr una mayor recaudación . Fuentes del Comité Permanente de Cs, en conversación con ABC, señalan que el aumento de los impuestos a las grandes empresas, y en contexto de crisis, puede tener un efecto contraproducente en la economía y generar menos ingresos. ¿El motivo? Las grandes multinacionales podrían trasladar sus sedes a otros países y los empresarios podrían recortar el empleo para salvaguardar su rentabilidad.

En Cs ya han asumido que las próximas cuentas tendrán gran gasto público, algo que en principio puede chirriar con su concepción liberal, pero difieren de la forma de conseguir recaudación. Son partidarios de combatir el fraude fiscal y de reducir «gasto superfluo» y no estarán en unas cuentas con alzas arbitrarias de impuestos. Además, fuentes de este partido subrayan que en el pacto de reactivación económica con el PSOE en la Comisión para la Reconstrucción no se recogen subidas impositivas.

Precisamente en este órgano ha empezado ya la cuenta atrás para el cierre de los pactos. Todos los ojos están puestos en lo que logren pactar PSOE y PP antes de la votación de esta mañana y ambos se intercambiaron propuestas durante la jornada para intentar cerrar un acuerdo en las materias de sanidad y UE. Los populares reclaman la aceptación de varias de sus enmiendas a cambio de apoyar hoy ambos dictámenes. «La pelota está en el tejado del Gobierno. Desde el PP nos reafirmamos en que hay margen para llegar a acuerdos, y por ello seguimos negociando», subrayaron. El acercamiento de posturas en reactivación económica y políticas sociales sigue completamente descartado. A última hora de la tarde se reunieron la portavoz de los populares en este órgano, Ana Pastor, y el secretario general de su grupo, Guillermo Mariscal, con la portavoz socialista, Adriana Lastra, el secretario general de este grupo, Rafael Simancas, el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla.