Pedro Sánchez en el acto ayer en Madrid
Pedro Sánchez en el acto ayer en Madrid - REUTERS

La propuesta de cambiar la Constitución para arrinconar a Cs y Casado da alas a Podemos

El Gobierno podría llevar este viernes su propuesta al Consejo de Ministros.

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El presidente del Gobierno busca pasar página a toda prisa del caso tesis y recuperar la iniciativa política tras su peor semana en Moncloa, que se llevó por delante a su segunda ministra en poco más de tres meses de Gobierno.

En ese contexto, del que Sánchez no se olvida pues en dos ocasiones calificó de «fake news» las informaciones sobre su tesis, el presidente se permitió aseverar que su objetivo es «seguir avanzando» en la senda de la «ejemplaridad», para lo que anunció que llevará al Congreso de los Diputados una propuesta para «acabar con los aforamientos» mediante una reforma de la Constitución.

Se trataría de una reforma «exprés», ya que Sánchez aseguró que el cambio constitucional podría estar listo antes de que acabe el año porque «si hay altura política entraría en vigor en tan solo 60 días». La idea del Gobierno es que la supresión afecte a cargos públicos para las cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Fuentes del Gobierno aseguraban ayer que quieren llevar el próximo viernes su propuesta al Consejo de Ministros, y que precisan de dos informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

Con un cambio constitucional se podría eliminar el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno. Y la apuesta de Sánchez es limitarlo a ese aspecto, y no abrirlo a los miembros de la carrera judicial. El aforamiento de los diputados autonómicos se regula en los estatutos de autonomía, y algunas como Murcia ya los han suprimido. Cantabria y Canarias han aprobado reformar sus estatutos en la misma dirección.

Sánchez reclamó «el respaldo del conjunto de la cámara», en un movimiento político con el que sabe que tensa a todos sus rivales políticos. En primer término a Podemos. Los de Pablo Iglesias defienden la supresión de aforamientos, pero siempre han defendido que demandarán un referéndum ante cualquier cambio constitucional. Algo que dilataría la reforma en el tiempo. Podemos tiene los diputados suficientes para forzar un referéndum sobre la reforma. En segundo lugar intenta frustrar los intentos de Ciudadanos por abanderar esta cuestión.

Pero es una propuesta que especialmente interpela al PP, que afronta este debate pendiente de la situación de Pablo Casado por el caso de su master y con una mayoría absoluta en el Senado imprescindible para cualquier reforma.

El PP hace valer su mayoría

Con esa aritmética en la mano, Génova se encargó ayer de enfriar el anuncio de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, definió la propuesta como una cortina de humo para ocultar la debilidad del Gobierno y los problemas de Sánchez por los plagios e irregularidades de su tesis doctoral. Según el PP, Sánchez tiene un pacto «oculto» con los independentistas catalanes, para que «los golpistas escapen del Tribunal Supremo». Aún más, el número dos del PP está convencido de que el presidente del Gobierno también quiere atacar a Susana Díaz, quien hasta ahora se había mostrado en contra de eliminar los aforamientos en Andalucía.

A partir de ahí, el PP solo aceptaría acometer la reforma de la Constitución si se alcanza un acuerdo global, que incluya, no solo al Gobierno, los diputados nacionales y los senadores, sino también a los diputados y gobiernos autonómicos. No sería una reforma puntual de la Carta Magna, sino un pacto nacional para modificar la Constitución y los Estatutos de Autonomía, todo a la vez. El PP quiere conocer bien la propuesta de Sánchez, la letra pequeña, sus límites y extensiones. En realidad, García Egea ve en la idea de Sánchez un «plagio» de un punto del programa electoral del PP, que preveía la eliminación de aforamientos para cargos públicos. Los populares exigen que este debate vaya unido a la eliminación de la acusación particular, porque «no puede ser que las listas electorales las haga el partido contrario presentando denuncias sin fundamento», y conseguir así la imputación de cargos, en casos que muchas veces son archivados.

Ni el PP ni tampoco el Gobierno quieren que se abra el debate de suprimir el aforamiento del Rey Juan Carlos. El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, celebró el fin de «los privilegios» a los políticos y abrió la puerta a dejar sin el ´blindaje´ al Rey, cuya figura es inviolable, y a los miembros de la Casa Real. Don Juan Carlos, doña Sofía, doña Letizia y la Princesa de Asturias pasaron a ser aforados en el verano de 2014 tras la abdicación real y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Villegas aseguró que están dispuestos a «negociar» y Podemos saludó con euforia ese anuncio.

Eso es algo que demandó ayer Podemos. También insistieron en que que Iglesias no dará el visto bueno a ninguna reforma de la Constitución si no se somete a referéndum. A Podemos le gusta la idea de suprimir los aforamientos, pero su ambición de aprovechar la reforma de la Constitución para abordar otras opciones podrían frustrar las prisas de Sánchez. La portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera, aseguró ayer que, una vez abierta esta posibilidad, habría que estudiar blindar en la Carta Magna derechos sociales, como «la vivienda, la educación, la sanidad o el derecho a la información». También quiere que se afronte el «debate territorial que hay en nuestro país». Si se entra en esa vía, ya se pasaría a un procedimiento de reforma agravada de la Constitución, lo que implicaría, en caso de aprobación, la disoluión inmediata de las Cortes.

Ciudadanos, que ha hecho de este asunto su bandera, se arrogó ayer el mérito de haber sido el primero en proponer una operación quirúrgica de la Constitución para eliminar los aforamientos de senadores y diputados, también de altos cargos del Gobierno. Aunque prefiere no someterlo a un referéndum, no descartan apoyar ese trámite que exige Podemos, según fuentes de la dirección. «Hemos torcido el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios», enunció ayer un entusiasmado Albert Rivera, que atacó a Sánchez por haberse negado el PSOE a esta medida en Andalucía.

El Pleno del Congreso debate precisamente hoy una moción de Ciudadanos que insta al Gobierno a reformar, en tres meses como máximo, los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, para remover ese escudo judicial a diputados, senadores y miembros del Gobierno. También se llama a las Cámaras autonómicas a promover la supresión en su ámbito de competencia.