¿Pueden los diputados presos usar sus teléfonos móviles en el Congreso?

La excarcelación de los presos del «procés» tenía un objetivo claro que la justicia no podía impedir: el acto de toma de posesión como parlamentario (algo que sólo una inhabilitación en sentencia condenatoria puede evitar). Se trataba de una salida excepcional que debía durar (así lo señaló la providencia del Supremo en tres ocasiones) «el tiempo mínimo indispensable» . Los magistrados habían dado la indicación expresa de que se prohibiera que los reclusos participaran en reuniones parlamentarias y también de que tuvieran contacto alguno con los medios. Pero se las han ingeniado para saltarse ambas prohibiciones. La primera, con una reunión improvisada en la cafetería; la segunda, grabando vídeos que después han sido distribuidos a los medios.

El uso del móvil en el propio hemiciclo ya es un paso más, porque aunque en sus escaños no podían ser vigilados por la Policía (los agentes de paisano se tenían que quedar en las puertas de acceso esperándoles para conducirles a prisión), en ningún momento han dejado de ser presos, y, como tal, tenían prohibido acceder a dispositivos móviles, hasta el punto de que su tenencia en el interior de la prisión es objeto de sanción en el régimen penitenciario .

Los presos se han aprovechado en el interior del hemicliclio de una suerte de «limbo jurídico» , en el que en principio parece difícil exigir responsabilidades a Interior porque en el salón de plenos carecían de vigilancia. Cuestión distinta es que, custodiados por la Policía, hubieran tenido en su poder y utilizado estos mismos móviles, lo que es improbable sabiendo que se los van a requisar en el centro penitenciario.

A quien sí se puede exigir responsabilidad es a quienes diseñaron el dispositivo de seguridad, porque una cosa es que por deferencia se exima a los presos de ir esposados y otra muy distinta que se les permita el festival de besos , abrazos, cámaras y declaraciones que durante estos dos días se han visto en el Parlamento.

En cualquier caso, fuentes jurídicas señalan que el tribunal del «procés» no puede exigir responsabilidades penales por desobediencia a los presos electos porque los aludidos no estaban requeridos personalmente. Las indicaciones de lo que podían hacer y no podían hacer los presos estaban dirigidas a quienes diseñaron el operativo de seguridad.