El presidente del PP de Palma habría cobrado comisiones ilegales y espiado a rivales políticos

El citado testigo, que solicitó protección por temor a posibles represalias de Rodríguez, explicó al juez que conocía de «primera mano» que diversos empresarios de la Playa de Palma se habrían visto obligados a hacer regalos al líder local del PP , «como joyas, relojes y dinero». Según dicho testigo, Rodríguez también habría cobrado comisiones ilegales —de hasta 3.000 euros— por intervenir en la concesión de licencias de actividades .

Por lo que se refiere al supuesto espionaje a otros políticos y también a policías, ese mismo testigo afirmó ante el instructor que Rodríguez se habría servido de agentes presuntamente vinculados con la trama corrupta y también de detectives para hacer seguimientos y también «pinchazos» telefónicos. En ese sentido, el juez Penalva cree que Rodríguez incluso habría intentado situar a un agente corrupto en el servicio de escoltas del anterior alcalde, que era el popular Mateo Isern, para vigilarle.

La instrucción del caso aún no ha finalizado, pero el juez acordó esta semana levantar parcialmente el secreto del sumario. Gracias a esta decisión se están conociendo en estos últimos días detalles concretos vinculados a la citada investigación . Por su parte, Rodríguez ha negado cualquier tipo de vinculación con dicha trama, mientras que la dirección regional del PP ha apelado a la «presunción de inocencia» para no tomar por ahora ninguna medida contra el presidente del PP de Palma .

Aun así, cabe recordar que Rodríguez se encuentra en estos momentos ya imputado —investigado en la terminología actual— en otro caso de presunta corrupción, el caso Over , en el que se investiga una supuesta financiación irregular del PP balear hace diez años, cuando Jaume Matas era aún su presidente. En el transcurso de las investigaciones del caso Over, dirigidas por el juez José Castro, Rodríguez se vio obligado a dimitir como delegado del Gobierno en julio de 2012. En noviembre de ese mismo año, Castro decidió imputar a Rodríguez y a Matas en el marco de dicho proceso judicial.

A lo largo de su dilatada trayectoria política, Rodríguez ha sido también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, consejero de Interior del Gobierno balear y senador autonómico, además de secretario general del PP del Archipiélago cuando Matas lo presidía. A nivel personal, Rodríguez es primo hermano de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

En el consistorio palmesano gobierna en la presente legislatura un tripartito presidido por el socialista José Hila y conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma , que es la marca blanca de Podemos en la capital balear. Estas tres formaciones han pedido ya la dimisión de Rodríguez como presidente del PP de Palma, al considerar que si bien no ha sido aún imputado por el juez Penalva, existiría al menos una responsabilidad «política» en este caso.

Por lo que se refiere a las investigaciones concretas iniciadas por el juez Penalva en 2013, se centraron inicialmente en el presunto amaño de unas oposiciones convocadas en 2012 para poder acceder al grado de inspector de la Policía Local de Palma. El objetivo de esa supuesta componenda, presuntamente impulsada por policías y por cargos locales del PP, habría sido el de intentar poner en marcha un «organigrama corrupto» al servicio de Rodríguez.

Las pesquisas del juez Penalva continuaron a partir de 2015 con la investigación de presuntas irregularidades en la Patrulla Verde de la Policía Local, que es la unidad que se encarga, entre otras funciones, del control de los locales de ocio nocturno . Según el testimonio de varios testigos protegidos, los agentes presuntamente implicados en dichas irregularidades se ponían en contacto con propietarios de diversos clubs de la Playa de Palma para avisarles con antelación de futuros registros e inspecciones. Dichos policías, a cambio, obtenían dinero, consumiciones de alcohol gratuitas o mantenían relaciones con prostitutas a cargo del propietario del local.

Al parecer, algunos altos cargos locales del PP también habrían participado en «fiestas privadas» que incluían «servicios sexuales» gratuitos. Por lo que respecta a los dueños de los establecimientos que no querían colaborar con la trama, habrían sido extorsionados por algunos de los agentes implicados. En estos últimos meses, por orden del juez se han sucedido los arrestos de policías, que en algunos casos han derivado en su ingreso en prisión.