El PSOE sufre un nuevo revés en la Comisión territorial del Congreso

Tras el fuerte varapalo que los tres padres vivos de la Constitución dieron a las pretensiones socialistas hace justo una semana, Romay y Pendás han apostado esta mañana por abrir una reflexión sobre el reparto de competencias con una visión recentralizadora, contraria completamente al federalismo. El primero en intervenir ha sido el presidente del Consejo de Estado. Lo ha hecho recomendando evaluar si la Administración Central tiene hoy competencias suficientes par a garantizar los principios fundamentales contenidos en la Carta Magna: igualdad, solidaridad y cooperación.

«Lo primero es que la descentralización funcione y no sea una fuente de conflictos: que haya cooperación, principios de solidaridad e igualdad. Hace falta ver si el éxito del modelo el Estado se conseguiría si el Estado tuviera algunas competencias más, sería muy razonable estudiarlo en la reforma», ha considerado, antes de recomendar que no se «desapodere» más al Estado.

En esta línea, ha recordado que desde 2012 el organismo que preside ha tenido que informar de 48 recursos contra 46 leyes de comunidades autónomas y cuatro conflictos de competencias. «Tenemos que buscar el entendimiento, buscar los valores de la Transición y dedicar todas nuestras energías a preservar las instituciones y preservar el cumplimiento de la ley». También ha apostado por reflexionar sobre si cabe llevar a una futura reforma el deber de leal cooperación entre todas las Administraciones Públicas entre sí, para reforzar al Estado frente a órdagos como el de Cataluña.

No se ha quedado atrás el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, quien ha considerado que ha llegado el momento de «cerrar» el traspaso de competencias y ha reclamado más presencia del Estado en las comunidades autónomas. De hecho, ha llegado a denostar de manera directa el modelo federal sobre el que ha advertido de que «tiene mil caras» y «no puede ser más ambiguo». Ha recordado que «hay estados que se llaman así y no lo son mientras otros no se lo llaman y sí lo son», haciendo hincapié en que el federalismo es una ideología y «una mala técnica para construir un pueblo unido».

Ambos han considerado que existen cambios legales que se podrían introducir para mejorar el funcionamiento del modelo territorial pero han coincidido también en que cualquier modificación debe tener un objetivo previamente detallado, contar con un acuerdo político previo de amplio consenso, haber sido profundamente madurada y ser fruto de un diálogo sereno con la sociedad. Condiciones que, obviamente, no se dan en el momento actual.

«Cualquier reforma debe tener claros sus fundamentos», ha advertido el presidente del Consejo de Estado. Pendás, por su parte, ha puesto especial énfasis, además, en defender que cualquiera de las mejoras que se pueden introducir en el modelo se pueden realizar con voluntad política y sin necesidad de una reforma de la Constitución.

En este sentido, Pendás ha querido preguntarse retóricamente si merece la pena poner a la sociedad española ante un debate que puede convertirse en un «debate diferente» solo por realizar algunas reformas concretas en la Constitución. «Diría que no», se ha contestado él mismo, «salvo que llegáramos a ese consenso que se puede ir forjando». Ha recomendado a sus señorías «prudencia y sosiego» ante las circunstancias políticas actuales, de cara a emprender cualquier reforma.

Las conclusiones que se extraen de las cinco comparecencias que han tenido lugar hasta el momento en esta comisión son todas a favor de la posición que mantiene el PP. La primera es el gran cuestionamiento que provoca el modelo federal como solución a los problemas territoriales. La segunda es que cualquier modificación de la Carta Magna debe llevarse a cabo de manera reposada e iniciarse tras contar con un amplio acuerdo político y social. Y la tercera es que existen varios defectos en el funcionamiento del Estado Autonómico que pueden mejorarse sin necesidad de una reforma de la Constitución.

Fuents del Grupo Socialista reconocen que, hasta ahora, las comparecencias de esta Comisión son un gol en propia puerta para sus aspiraciones de emprender una reforma federal. Pero lo achacan a que todas las personalidades citadas «son del PP» y confían en que el marcador del partido dará la vuelta cuando comiencen las comparecencias de los juristas constitucionalistas. No obstante, reconocen que las conclusiones de la Comisión serán difíciles de consensuar «porque el PP no quiere una reforma». «¿A quién vamos a hacer caso? ¿A los padres de la Constitución que se aferran al éxito de su Constitución o a lo que digan los juristas que ejercen hoy en día»?, se preguntan. Ésa será la gran batalla de una Comisión que puede que acabe alejando la reforma constitucional más que acercarla.