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PP y PSOE negociarán en el Congreso unos nuevos «principios básicos» para la financiación autonómica

Montoro, en una reciente imagen en el Congreso J. García

ANA I. SÁNCHEZ

PP y PSOE presentaron ayer su plan de trabajo para la nueva Comisión para la Modernización del Estado Autónomico dejando ver que aunque la distancia que les separa es grande, son capaces se llegar a puntos de encuentro. Ambos reconocen «disfunciones» en el modelo territorial actual y coinciden en la necesidad de analizar a qué se han debido estos problemas. Pero también coinciden ya en la necesidad de evaluar la financiación autonómica dentro de este organismo.

El PP ha incluido la búsqueda de unos nuevos principios que rijan el sistema de financiación dentro del plan de trabajo aunque, en un principio, quería ir más allá. Y el PSOE, que no quería abordar este tema en la Comisión, ha aceptado intentar consensuar esa nueva base, según fuentes de este grupo parlamentario. No se abordará la reforma de la financiación autonómica en la que está trabajando el ministro de Hacienda , Cristóbal Montoro, con los presidentes de las comunidades ni influirá en ésta. El objetivo es sentar unas líneas maestras que en el futuro faciliten el acuerdo entre las distintas autonomías. «Hablamos de reflexiones generales, de política general y de criterio, pero el modelo cuantitativo y exacto se hace en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», subrayó el portavoz popular, Rafael Hernando.

Ambos grupos han coincidido también en el grueso de los comparecientes propuestos y en la habilitación del próximo mes de enero para que puedan empezar a ser citados. Los padres de la Constitución - Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca- acudirán en primer lugar y también serán llamados todos los expresidentes del Gobierno, incluyendo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero pese al rechazo de Ciudadanos, así como ex presidentes autonómicos, catedráticos y responsables de las principales instituciones del Estado.

El PP pide también la comparecencia de cinco altos cargos del Gobierno: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y tres secretarios de Estado, además de los presidentes del Consejo de Estado, el INE, el Consejo Económico y Social o el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, entre otros. No se olvida de citar a los expresidentes del Congreso y del Senado ni todos los que han presidido las Comisiones Constitucionales en ambas cámaras.

La colisión entre PP y PSOE, no obstante, sigue sin estar en absoluto descargada y puede venir una vez más por Cataluña. Los socialistas proponen que la Comisión se convierta en un «espacio útil e inmediato para desarrollar un diálogo entre las fuerzas políticas dirigido a ofrecer un marco de convivencia para Cataluña dentro de la Constitución y la Ley» e insisten en que las conclusiones deberán servir «de base para la anunciada reforma constitucional».

Y el portavoz del PP, Rafael Hernando, volvió a subrayar que la reforma de la Constitución dependerá de que las conclusiones de la Comisión la recomienden y que, en ningún caso, puede servir para satisfacer al movimiento independentista.

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