El PP pide al tribunal que aclare en la última condena de Gürtel que el partido nada sabía

Ese dinero, de acuerdo al pronunciamiento notificado el pasado 8 de abril, corresponde a la cuantía que el Grupo del cabecilla de la trama, Francisco Correa, destinó a cubrir actos electorales, servicios y eventos de los populares entre los años 2001 y 2009 a cambio de contratos en Boadilla cuando Arturo González Panero, conocido como el Albondiguilla, era alcalde.

La defensa del PP, más allá de que tiene intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, ha pedido como paso previo al tribunal que enjuició el caso que aplique correcciones en la sentencia porque contiene, en su opinión, «algunos errores materiales involuntarios».

En un escrito al que tuvo acceso ABC, sostiene en concreto que no participó en el delito, «ni como autor ni como cómplice», que «desconocía completamente» los hechos, así como ignoraba que los bienes de los que se lucró procedían de un hecho delictivo, que son «notas características» del partícipe a título lucrativo.

Por eso, solicita a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que aclare este extremo, introduciendo en la sentencia de manera explícita que el PP, «en tanto que partícipe a título lucrativo, n i participó ni conoció de los hechos objeto de enjuiciamiento respecto de los que se le atribuye un beneficio».

Esta petición trae cuenta de un apartado de la sentencia donde el tribunal señala que «todos los implicados, a excepción del Partido Popular, reconocen tanto la dinámica como la percepción por su parte de los fondos procedentes de Teconsa», una de las empresas implicadas en la dinámica corrupta.

El PP no está de acuerdo con esa aseveración ya que «ningún reconocimiento podía haber hecho» el partido de esas actividades ilícitas porque esa es precisamente la condición que le convierte en un mero partícipe a título lucrativo sin ninguna otra responsabilidad penal. Insiste así en que «por definición, no ha participado y desconocía completamente», a diferencia de otros condenados, que sí reconocieron en el juicio «tanto la dinámica como la percepción por su parte de los fondos» ilícitos.

La del PP no es la única defensa que se ha dirigido a la Sala de lo Penal para pedir aclaraciones o rectificaciones en el texto de la sentencia. Según la documentación recabada por este diario son una docena los escritos que están pendiente de resolución.

En unos, como el del exgerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales o el asesor fiscal de la trama Ramón Blanco Balín, porque se les impone más pena en el fallo de la que recoge el cuerpo de la sentencia.

En otros, como es el caso de Gonzalez Panero, porque se le impone una responsabilidad civil de un delito del que ha sido absuelto. La Empresa Municipal de la Vivienda, además, recuerda a la Sala que se ha olvidado de incluir la nulidad de unos contratos con la trama. Luego, llegarán los recursos.