El PP exige a Sánchez que aclare la situación judicial de los pasajeros del barco Open Arms

El encargado de lanzar la ofensiva ha sido el diputado Carlos Rojas y en ella reclama al Ejecutivo socialista que detalle cuántos de los inmigrantes rescatados del Open Arms han sido sometidos a tutela judicial efectiva desde su llegada y ante qué autoridad judicial han comparecido. Reclama datos sobre cuántos han recibido asistencia jurídica y de qué manera el efecto del atraque «puede afectar al trabajo de contención de la inmigración ilegal que realiza Marruecos».

Las cifras relacionadas con los costes derivados del salvamento despiertan asimismo interés en los diputados populares . Rojas reclama respuestas sobre la inversión total dedicada al operativo antes, durante y después de la llegada del barco a Barcelona, incluyendo el número de personas que han intervenido y la proporción en que la operación ha sido más costosa que las que habitualmente realiza España en el estrecho de Gibraltar para rescatar a inmigrantes ilegales.

También quiere saber el Grupo Popular en el Congreso qué gestiones hizo el Gobierno de Pedro Sánchez con otros puertos antes de aceptar la llegada del Open Arms a Barcelona y por segunda vez vuelve a reclamar al Ejecutivo socialista qué explique por qué existiendo puertos más cercanos en Baleares, decidió que el buque atracara en la península como ya sucedió con el Aquarius. «Qué informes previos analizó el Gobierno antes de decidir el destino del Puerto de Barcelona o fue decisión política?» pregunta Rojas, inquiriendo también si acaso el Ejecutivo considera que las Islas Baleares no tienen ningún puerto seguro.

Rojas aprovecha la ofensiva para reclamar datos sobre la política e inmigración que está aplicando el Gobierno socialista y para ello exige conocer cuántas órdenes de devolución han sido cursadas en 2018 mes a mes, incluyendo lo que va de mes de julio.

En la misma línea, pide conocer cuántas personas han sido rescatadas en las costas andaluzas desde la llegada del Open Arms y cuantas en lo que va de año. La Mesa de la Cámara debe ahora calificar las cuestiones, que serán después publicadas y remitidas al Gobierno para su contestación.

El Reglamento del Congreso en su artículo dispone en su artículo 190 que el Ejecutivo dispondrá de veinte días para contestarlas desde su publicación, aunque este plazo puede prorrogarse durante otros veinte días si el Gobierno así lo solicita. Si el Ejecutivo no remitiera contestación, Carlos Rojas podría pedir a la presidenta del Congreso, Ana Pastor , que incluyera las preguntas en el orden del día de la sesión de la Comisión de Interior para ser formuladas de manera oral.