El PP cree «insostenible» la situación de Casas, que estudia cómo superar la crisis

Como informó ayer ABC, fuentes judiciales insisten en que a falta de la decisión que tome la Sala Segunda del Tribunal Supremo -podría conocerse entre hoy y mañana- no parece que existan indicios de delito. Eso sí, se demuestra de forma palmaria que la presidenta del Tribunal Constitucional actuó con una «imprudencia inconcebible en una persona que ocupa un cargo como ese», en el mejor de los casos, y de forma «éticamente reprochable», en el peor.

La situación creada es seguida muy de cerca «y con mucha preocupación» tanto por el PP -Mariano Rajoy está permanentemente informado de la evolución de los acontecimientos-, como por el Gobierno, que sin embargo prefiere de momento «mantenerse de perfil» y no pronunciarse sobre un asunto tan delicado.

Preocupación en el PP

En el caso del PP, fue su portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, el encargado de dar a conocer la postura del partido. El ex ministro de Defensa y ex presidente de la Cámara Baja distinguió entre los dos planos en que se mueve este asunto, el penal y el institucional. En cuanto al primero, insistió en que el único que puede hablar es el Tribunal Supremo, aunque eso sí, pidió una decisión rápida «porque la tardanza está deteriorando la presunción de inocencia».

En el segundo aspecto, Federico Trillo fue más contundente: la situación de María Emilia Casas es «insostenible» tras conocerse el contenido de la conversación. «Debe ser la propia presidenta del TC quien tome una decisión sobre su futuro, pero es evidente que tiene que dar una explicación ante los magistrados del Constitucional y también ante la opinión pública». Esta petición coincide con la petición expresada por distintas fuentes judiciales, según las cuáles «las personas que ejercer un poder deben ser cristalinas ante la opinión pública, especialmente cuando se ha causado daño de una institución».

Según estas fuentes, todo apunta a que la presidenta del TC actuó «movida por la buena fe y sin pensar las consecuencias que podía tener su comportamiento. Por eso, al menos debería pedir perdón y asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Si no da explicaciones defraudaría a la sociedad y a la institución a la que sirve». Juan Pablo González, vocal del CGPJ para el País Vasco, coincidió en que es «conveniente» que se produzcan esas explicaciones públicas.

Fuentes consultadas por ABC señalan en este sentido que Casas, que el pasado lunes emprendió un viaje oficial a Lituania, ha estado permanentemente informada de todo lo publicado sobre este asunto. La presidenta valora su respuesta a la crisis que ha provocado su actuación, si bien por regla general no es partidaria de hacer declaraciones públicas. Bien es verdad que nunca se había tenido que enfrentar a una situación parecida a ésta, que compromete, según admiten fuentes del propio tribunal, la imagen de la institución.

Sea cual sea la decisión de la presidenta del TC, quienes han trabajado con ella admiten que a lo largo de su trayectoria siempre «ha actuado con rectitud y ha mostrado una gran responsabilidad y categoría humana».

Se actuó correctamente

Esta polémica es objeto de comentarios en el seno del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados no ocultan su preocupación por el efecto negativo que estos hechos pueden provocar. La mayoría se ha dirigido a su presidenta para expresarle su comprensión ante un episodio tan desagradable.

Las fuentes antes citadas insisten, a la vista de la transcripción de la conversación, en que tanto la actuación de la Guardia Civil como de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro «ha sido impecable y tratar de cuestionar su trabajo no deja de ser un acto gratuito». «¿Alguien se imagina el escándalo que se habría montado si salen a la luz esas escuchas y la juez no las hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Supremo, competente en el enjuiciamiento de aforados?», se preguntan.