El PP alega la «doctrina Botín» para evitar el banquillo de los acusados

En un escrito al que accedió ABC, el abogado del partido argumenta que el PP no debe ser juzgado si no le acusan ni la Fiscalía ni el supuesto perjudicado por el borrado de los discos duros, que según el partido sería Bárcenas. La instructora del caso, la titular del Juzgado de instrucción número 32 de Madrid Rosa María Freire , cerró la investigación y procesó al PP por delitos de daños informáticos y encubrimiento, al apreciar indicios suficientes para que se celebre el juicio. La Audiencia Provincial de Madrid respaldó la decisión, que supone el procesamiento.

Antes de que llegue la apertura de juicio oral, el PP busca evitar ser enjuiciado alegando una cuestión de forma, la doctrina Botín, además de negando el carácter delictivo de los hechos. El PP reseteó 35 veces los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, los rayó y los tiró a la basura, a pesar de que la Audiencia Nacional los solicitaba para ayudar a esclarecer la investigación por la caja B del partido, los llamados papeles de Bárcenas.

Por los mismos delitos también serán juzgados la actual tesorera del partido, Carmen Navarro ; el representante legal y asesor jurídico del mismo, Alberto Durán; y el exresponsable informático de la formación José Manuel Moreno. Contra todos ellos, y contra el PP, actúan las acusaciones populares de las de Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), vinculado en origen al PSOE.

La esencia de la doctrina Botín -una interpretación que fijó el Tribunal Supremo en 2007 en un proceso por un delito fiscal contra el banquero fallecido Emilio Botín- es que no se puede llevar a juicio a una persona si solo actúa contra él la acusación popular, sin acusar ni el Ministerio Público ni el ofendido. Esta doctrina se vendría abajo -como sucedió en una causa contra Juan María Atutxa- cuando el delito protege un interés social o colectivo, escenario en el que sería suficiente la acusación popular. La ausencia de una regulación clara genera que los tribunales marquen nuevas doctrinas: la Infanta Cristina fue juzgada también solo por la acción de Manos Limpias , como acusación popular. Las jueces sentaron en el banquillo a Doña Cristina argumentando que la Fiscalía acusaba por el mismo delito fiscal, pero se lo atribuía a otras personas, no a ella. La acusación popular es una figura regulada en la Constitución que permite que todos los ciudadanos participen de la justicia penal, mediante una querella, sean o no ofendidos.

El PP considera que la acusación por el delito de daños informáticos -el único que según el partido se le atribuye, como persona jurídica- no se sostiene ni por un interés público ni por un interés privado. Solicita el archivo de esta acusación contra todos. Con su argumento, el partido reconoce que el propietario de los ordenadores era Bárcenas, a quien negaron su acceso.

Según el escrito, la ausencia del delito de daños anula la acusación por encubrimiento, puesto que la destrucción de los ordenadores era un medio para impedir el descubrimiento de un delito. Pide por ello el archivo de la causa por encubrimiento contra Navarro.