El político del PP de Palma imputado por blanqueo dice que no dimite porque no es «un corrupto»

Los padres y el hermano de Gijón —Teo— fueron detenidos ayer por la mañana por la Policía Nacional. Poco después, el político se dio de baja como militante del PP. En ese contexto, el presidente de los populares isleños, Biel Company, anunció que además le pedirá a Gijón que entregue sus actas de diputado y de regidor. Hasta que esa circunstancia se dé, Gijón formará parte del Grupo Mixto en el Parlamento balear y será un concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Palma. Por tanto, por ahora mantendrá su condición de aforado. Ello significa que cualquier posible medida cautelar solicitada contra Gijón no podría ser aplicada por los instructores de la causa y que la decisión final debería ser tomada por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

En el caso Sancus se investigan presuntas irregularidades en la última adjudicación del servicio municipal de la ORA, que controla el aparcamiento regulado en la capital balear. Dicha adjudicación se produjo en el pasado mandato, en concreto en 2013, por parte del consistorio palmesano. En aquella época, el alcalde de la ciudad era el popular Mateo Isern , mientras que Gijón era el teniente de alcalde de Turismo. Tras los comicios municipales de 2015, la capital pasó a estar gobernada por un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Som Palma, que era la marca blanca de Podemos. Gijón es ahora, por tanto, concejal de la oposición.

La gestión de la ORA se otorgó en 2013 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que había presentado la oferta más cara. Según declaró meses atrás un testigo protegido, tanto Gijón como quien hace cuatro años era el presidente del PP de Palma, José María Rodríguez , habrían recibido algo más de un millón de euros de comisión por el supuesto amaño de ese concurso. A Gijón le habrían regalado además un piso. Los dos políticos negaron en su momento la posible veracidad de ese testimonio.

Cabe recordar que el caso Sancus fue puesto en marcha por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en octubre del pasado año, con la detención de 13 personas y el ingreso en prisión preventiva de dos de ellas, en concreto, el entonces jefe del departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Miquel Femenía , y el empresario Antoni Roig . Ambos quedaron en libertad con cargos en noviembre.

En octubre no fueron detenidos, en cambio, ni Gijón ni ningún familiar suyo. Meses después, en marzo de este año, Gijón compareció a petición propia ante el juez. El magistrado le atribuyó entonces los delitos de cohecho, uso de información privilegiada, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude a la Administración. Durante aquella declaración, Gijón negó ya haber recibido ningún tipo de comisión o haber participado en los trámites para la adjudicación del servicio de la ORA.

Desde entonces, los investigadores han encontrado nuevos indicios supuestamente delictivos que apuntan a Gijón y sus familiares, gracias a varios hallazgos realizados por la Policía Nacional. Así, según ha avanzado «Diario de Mallorca» este miércoles, se ha descubierto que el ya expolítico popular compró a su hermano una sociedad que casi no tenía actividad por un importe de casi 9.000 euros. Dicha sociedad contaba, sin embargo, con una vivienda valorada en más de 150.000 euros.

Por otra parte, la madre de Gijón le habría hecho a su hijo un supuesto préstamo de 200.000 euros para la citada sociedad, a pesar de que la mujer carece, al parecer, de recursos económicos para un préstamo de esas características. Gijón también aparece vinculado a una empresa de comida preparada , que apenas tiene actividad en estos momentos. La Policía tiene constancia de esas y otras operaciones sospechosas, pero de momento aún no ha hallado el dinero presuntamente blanqueado.

Tras comparecer esta mañana ante el juez, Gijón ha hecho declaraciones a los medios. «Soy absolutamente inocente, no he cometido una sola ilegalidad y me gustaría que alguien empezara a plantear la posibilidad de que el testigo protegido está mintiendo» , ha señalado. En esa misma línea, ha indicado que «sin una sola prueba» se le está diciendo que es un corrupto. «Y no dimito porque no soy corrupto, no por el aforamiento, porque a mí el aforamiento me da igual», ha proseguido, para reiterar a continuación: «Y no voy a dimitir porque no soy corrupto, porque no he cometido ni una sola ilegalidad».

El caso Sancus , que está bajo secreto de sumario, se está instruyendo como una pieza separada de la macrocausa en la que el juez Penalva y el fiscal Subirán investigan la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma, que también afectaría al mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá. Formarían igualmente parte de la citada trama antiguos dirigentes locales del PP, funcionarios municipales y diversos empresarios, entre ellos Tolo Cursach , considerado el «rey» del negocio del ocio nocturno en Baleares.

Precisamente, otra derivación de la citada macrocausa judicial es el denominado caso Cursach, asimismo en fase de instrucción, en el que se investiga una presunta trama de corrupción política, policial y empresarial. Los dos cargos políticos locales del PP citados, Rodríguez y Gijón, han sido implicados también en este proceso, en concreto por una testigo protegida. La mujer declaró en su momento ante el juez y el fiscal del caso que ambos políticos habrían participado en fiestas promovidas por Cursach en las que había prostitutas y en las que además también se consumían drogas. La testigo ratificó el pasado 16 de junio, en sede judicial, su declaración inicial. Por su parte, Gijón y Rodríguez desmintieron de manera rotunda dichas acusaciones, mientras que sus abogados detectaron presuntas incongruencias en el testimonio de la mujer.

La primera vez que Gijón compareció ante un juez en calidad de investigado fue en septiembre del pasado año, para declarar en el marco de la macrocausa originaria que dirigen el juez Penalva y el fiscal Subirán. Durante su declaración, Gijón negó entonces cualquier posible vinculación con la presunta trama de corrupción que se está investigando desde hace casi cinco años.