Podemos alimenta el relato independentista al calificar a Sánchez y Cuixart de «presos políticos»

Esta calificación ha venido de la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero , que en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados ha considerado «una vergüenza democrática» su detención por un presunto delito de sedición. Ello no le ha impedido, no obstante, acusar al Gobierno de que el conflicto «esté escalando» en lugar de pacificarse.

El portavoz del PNV, por su parte, no ha llegado a tanto pero sí ha optado por una dialéctica fanganosa al asegurar que en la detención de ambos independentistas «está cogido el rábano por las hojas». A su juicio, «las mismas razones legales o más» tuvo en su día la Fiscalía para actuar contra el movimiento antidesahucios y no lo hizo. «No encaja y menos la prisión condicional», ha subrayado antes de entrar en la reunión de la Junta de Portavoces.

«Estoy pidiendo que las decisiones judiciales de adecúen a la ley y que no se intente ser más papista que el Papa. Fue la Fiscalía quien pidió la cárcel y aunque a la Justicia la pintan como ciega muchas veces no lo es», ha denunciado.

En la misma línea, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano , ha tachado la detención de «barbaridad en términos jurídicos» e «irresponsabilidad en términos políticos». Su partido ha convocado un minuto de protesta ante la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados esta mañana, en la que han participado representantes de Podemos y sus confluencias, PNV y Bildu. ERC no ha participado al no acudir hoy ni al Congreso ni al Senado.

No ha tardado en responderles el portavoz del PP, Rafael Hernando, para rechazar todas estas acusaciones y defender la actuación de la Justicia. También desde el Congreso, Hernando ha advertido que en España ninguna persona goza de «inmunidad ni impunidad cuando se incumple la ley» por lo que «quien la hace la paga» . «Aquí no ha habido arrestos por sus ideas políticas, sino decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales», ha subrayado.

En este contexto, la antigua Convergència ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que denuncia que el Tribunal de Cuentas ha sufrido una «politización» e «instrumentalización» por parte del Gobierno. El objetivo de Moncloa, al utilizar al Tribunal de Cuentas ha sido actuar contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por llevar a cabo la consulta del 9-N, según el grupo catalán.

Con este movimiento, el PDeCAT busca que el hemiciclo rechace la sanción millonaria impuesta por el organismo fiscalizador a Mas ya que, una vez registrada, la proposición no de ley será calificada por la Mesa del Congreso e incluida en el orden del día de un próximo Pleno para su debate y votación. Sin embargo, no tiene ningún viso de poder ser aprobada ya que no parece probable que el PSOE vaya a desgajarse del bloque constitucional para apoyarla, y no hay duda de que PP y Ciudadanos no lo harán.

Y, mientras tanto, la cuenta atrás para la aplicación del artículo 155 de la Constitución sigue avanzando. Esteban confió en que, finalmente, «no va a llegar» porque el Gobierno «no lo va a tener tan fácil» jurídicamente. «Hay que justificarlo. Tendrán que ser medidas concretas y tendrán que encajar en lo que dice la Constitución », abundó. Su esperanza reside en que «las cosas puedan encauzarse y el diálogo impere al final» poruqe, advirtió, la aplicación del artículo 155 «enturbiaría todo el ambiente político» y «echaría por tierra» la puesta en marcha de la nueva comisión territorial donde PP y PSOE confían en consensuar soluciones para actualizar el modelo autonómico.