El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ayer en el Congreso en la sesión de control al Ejecutivo - EP

Podemos agua los planes de Sánchez de hacer campaña desde el Congreso

La aprobación de los nuevos decretos y la exhumación de Franco quedan en el aire a dos meses de las elecciones

MadridActualizado:

El dulce fin de legislatura que había planeado el Gobierno socialista peligra. El equipo del jefe del Ejecutivo contaba con seguir legislando hasta el último día para sacar adelante algunas medidas «estrella» que le permitieran multiplicar sus opciones en las próximas elecciones. Sin embargo, la estrategia comenzó a torcérsele ayer en el Congreso, donde fuentes de la dirección de Podemos advirtieron que el Gobierno no puede dar por sentado su apoyo a los nuevos decretos ley. «No vamos a hacerle la campaña», subrayaron una vez más.

El aviso no es un brindis al sol. Este mismo martes Podemos dejó claro que su estrategia de distanciarse de Pedro Sánchez va en serio al bloquear el Pacto de Toledo y frustrar toda opción de alcanzar un acuerdo de pensiones antes de las elecciones. «Solo votaremos los decretos que nos parezcan buenos», confirmaban ayer desde la dirección de Podemos, por ejemplo, aquellas medidas que consideren más importantes del pacto presupuestario que rubricó Pablo Iglesias con el líder socialista en octubre. El problema para Sánchez puede radicar no tanto en que Podemos no esté de acuerdo con los nuevos decretos, sino en que los condene por insuficientes. De hecho, esto ya sucedió con el decreto ley del alquiler, que el partido de Iglesias tumbó porque no reflejaba su exigencia clave: regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas.

El Ejecutivo aspira de momento a aprobar el decreto ley para el impulso de la ciencia española el jueves de la semana que viene, pero la dirección de Podemos aún no ha decidido su posición. Mientras, el Congreso debatirá hoy una medida urgente del Gobierno para paliar los daños causados por temporales que sí será convalidado.

La Diputación Permanente

A todo ello se une la polémica derivada de que los nuevos decretos ya no podrán ser aprobados antes de que se disuelvan las Cortes y tendrán que ser debatidos por la Diputación Permanente. Este órgano sustituye al Pleno fuera de los periodos de sesiones para abordar cuestiones de urgencia. Montero ya advirtió este martes que no está de acuerdo con que el Gobierno utilice la Diputación Permanente para aprobar decretos una vez disueltas las Cortes. Si bien es cierto que en el partido quieren aprovechar cada minuto que queda de legislatura para «arrancar» medidas al Gobierno y que la número dos de Podemos reconoció que este órgano tiene «legitimidad» para hacerlo, también advirtió de que su uso es reprochable por carecer de «rigor» en comparación con el debate parlamentario. Sin Podemos el Gobierno es incapaz de sacar adelante ninguna medida en el Congreso. En el aire queda, por tanto, la derogación por partes de la reforma laboral que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quiere aprobar antes de las elecciones. Otra gran promesa del PSOE.

La campaña electoral empieza y no solo para el Gobierno, sino para todos los partidos. Podemos quiere definir un espacio propio, lejos de su alianza con el PSOE, para lo que necesita ejercer una oposición dura hasta las elecciones y decir adiós a su condición de socio del Ejecutivo. Para ello, Montero levantó ayer la veda del ataque a Sánchez asegurando que él y sus ministros «no son de fiar» porque actúan «igual que el PP» cuando no les ven.

Franco tampoco

Estos no fueron los únicos reveses que encajó el Gobierno ya que ayer trascendió que el gran proyecto político de Sánchez, la exhumación de Francisco Franco, no podrá realizarse antes de las elecciones generales. El mismo acuerdo del pasado Consejo de Ministros que aprueba la exhumación reconoce que el lugar de reposo de los restos de Franco es «inviolable» y que, por tanto, se requiere el permiso de la comunidad benedictina que custodia la Basílica donde yace. La única vía para esquivar a la Iglesia sería un dictamen del Tribunal Supremo, que en ningún caso llegará antes de las elecciones porque para que se pronuncie el Alto Tribunal es necesario un previo recurso de la familia a la orden gubernamental y, aunque todo apunta que lo harán, tienen hasta un plazo de dos meses . El Ejecutivo se topa así de bruces con este obstáculo legal anticipado por los Franco y por la oposición, y se ve obligado a «posponer» sine die el traslado de los restos.

Duro debate

En medio de este contexto, la campaña electoral terminó de entrar ayer en el Congreso de los Diputados sirviendo un bronco debate entre Sánchez y los distintos líderes de la oposición a cuenta de los ochos últimos meses de gestión socialista. Para el presidente del Gobierno el balance es positivo. «Pusimos en pie un Gobierno que no estaba pendiente de defenderse ante los tribunales por los casos de corrupción, sino de defender el interés general de los españoles», le replicó Sánchez a Montero, antes de asegurar que su etapa ha servido para consolidar el crecimiento económico, crear empleo indefinido, redistribuir la riqueza y poner en marcha políticas sociales.

Una conclusión que rechazaron de plano Montero, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que utilizaron sus intervenciones para seguir atacando con dureza al Gobierno.