Vox pide que los funcionarios de prisiones puedan portar armas eléctricas para protegerse de los reclusos

La proposición de ley presentada plantea el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, «para que cuando actúen sepan que tienen el respaldo de la ley» dado que «son «el último bastión de la justicia en la lucha contra la criminalidad».

Por su parte, la proposición no de ley insta al Gobierno a establecer la presunción de inocencia para que, ante la duda, sus argumentos y pruebas prevalezcan sobre los que puedan presentar los reclusos. También recoge la redacción y aprobación de un estatuto propio, la creación de una academia nacional donde reciban formación en materias como defensa personal, derecho o psicología y el establecimiento de un proporción mínima entre los funcionarios de prisiones y la población reclusa.

En este punto, Ortega Smith ha cifrado entre 3.000 y 4.000 las plazas que necesita este cuerpo, instando a su convocatoria «urgente». Según las cifras que ha aportado, ahora mismo existen dos funcionarios de prisiones por cada 140 reclusos de alta peligrosidad , superando los 50 años un porcentaje muy elevado de este cuerpo. «El nivel hace salta saltar todas las alarmas», ha denunciado.

También apuesta Vox por elevar la retribución de los funcionarios de prisiones y el regreso de la competencia penitenciaria al Estado. Actualmente, Cataluña la tiene transferida.