¿A qué horizonte legal se enfrenta Quim Torra tras la decisión de la Junta Electoral?

Sin embargo, Torra desoyó en un primer momento el requerimiento de la Junta Electoral, que ayer amplió el plazo en otras 24 horas para que se proceda a la retirada de estos símbolos, muy ligados a la causa secesionista.

Días después, tras retiradas símbolicas, la Junta Electoral ha resuelto denunciar a Torra ante la Fiscalía por un delito de desobediencia y ha pedido a los Mossos que retiren los símbolos independentistas de la fachada.

Para que se aplique este delito, el primer paso ya se ha dado. La Junta Electoral ha decidido trasladar el caso a los tribunales. Finalmente, si Torra fuera condenado finalmente por este delito, la pena implicaría la inhabilitación política que ya ha sido impuesta, por otros motivos -es el caso del referéndum de 9-N de 2014- a otros políticos secesionistas, como el expresidente catalán Artur Mas.

En este caso se aplicó el artículo 410 del Código Penal para castigar la actitud de los políticos secesionistas, que delimita la pena de inhabilitación para ejercer un cargo público en un periodo de entre seis meses y dos años. Al margen de la vía judicial, Torra también podría exponerse a una pena económica no mayor a 3.000 euros por la vía administrativa.

Eso sí, al igual que ocurrió con más o el resto de políticos condenados por el 9-N, si el caso terminara en la vía judicial, se abriría un proceso que podría alargarse durante durante años , antes de que sobre Torra pesara una hipotética condena en firme.