Pablo Iglesias se une al nacionalismo para imponer las lenguas cooficiales

Pablo Iglesias no miente en esto. Desde el principio avisó, al contrario que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de que su intención era avanzar sistemáticamente hacia una «república confederal y plurinacional» en la que exista un «derecho de autodeterminación» para sus «nacionalidades históricas». Fue él quien saboteó en el seno del Consejo de Ministros un acuerdo presupuestario con Ciudadanos y es él quien labra el terreno para consolidar la alianza con el independentismo radical de izquierdas.

Primero han sido los PGE, pero Iglesias pretende también introducir a ERC –cuyo líder está en prisión por sedición y malversación – y a Bildu –coalición heredera de Batasuna, brazo político de ETA– en la renovación del Consejo General del Poder Judicial .

El paso emprendido ayer se plasmó en una proposición no de ley –iniciativa no vinculante legalmente, pero que supone una declaración de intenciones–, con la que se quiere instar al Gobierno a que se utilicen el catalán , el euskera , el gallego y el valenciano en las Cortes Generales, la Justicia, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y RTVE «con independencia de la ubicación geográfica» en que se hallen. En definitiva, extrapolar el uso regional de estas lenguas cooficiales a las más altas instituciones del Estado, igualándolas con el castellano, lengua común de todos los españoles.

Unidas Podemos y Más País , la escisión de Podemos que lidera Íñigo Errejón , estamparon su firma junto a una amalgama de formaciones nacionalistas e independentistas abrazando todos y cada uno de sus postulados lingüísticos. Una supuesta «imposición» del castellano y una «marginación» del resto de lenguas cooficiales, a pesar de su empleo con normalidad en los parlamentos autonómicos de las comunidades con lengua propia.

La foto está clara y la intención también. Unidas Podemos le señala al PSOE , su socio en el Gobierno de España, la «transversalidad» que hay que cuidar: ERC, PNV , Junts per Catalunya , PDECat , Bildu, la CUP , Compromís y BNG . Una entente que ha visto en el vicepresidente Iglesias al mejor promotor de sus intereses.

Hay que terminar con la «imposición legal» del castellano, según estos partidos, introduciendo el resto de lenguas españolas en todas las instituciones del Estado. Pero esa no es la única preocupación que se infiere de esta proposición no de ley.

Los firmantes también exigen un paso al frente para obligar a los funcionarios que presten sus servicios en autonomías con lengua cooficial a desenvolverse a la perfección en el idioma propio de la región.

Una política que ya ha se implementado al nivel autonómico en más de una ocasión y cuyos detractores cuestionan por dos razones: una, que supone una desventaja para los funcionarios de comunidades monolingües porque aspiran a un número menor de plazas; y otra, que puede privilegiar un criterio lingüístico frente al desempeño profesional del funcionariado.

La propuesta recoge ocho reivindicaciones, entre las que figura también una petición de reformas estatutarias en aquellas comunidades autónomas en las que «aún» no sea oficial una lengua propia. Es el caso por ejemplo de Asturias, donde no es oficial el bable , lengua residual y en desuso, aunque la izquierda asturiana ha promovido en los últimos años su oficialidad.

Llama la atención esta reivindicación cuando ninguno de los partidos nacionalistas que firma la proposición no de ley se circunscribe a la comunidad asturiana. La izquierda radical y el nacionalismo reclaman que las lenguas cooficiales gocen del mismo «reconocimiento» que el castellano, no solo en el territorio nacional, sino en el ámbito internacional.

Según su lectura, «se ha beneficiado al castellano» con una «imposición legal» y generalizando su uso en «las páginas oficiales». Por ello, piden «la capacitación en lenguas propias de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano».

Por último, para «poner fin» a esa «imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal», señalan cómo su prevalencia afecta «de manera frontal al ámbito económico» por la obligatoriedad, entre otras cuestiones, de que el etiquetado de los productos se haga en castellano.

Los grupos proponentes, además, se apoyan en diversas plataformas culturales, todas ellas de prominente tendencia nacionalista. Figura entre ellas Òmnium Cultural , cuyo presidente, Jordi Cuixart , está en la cárcel por su papel en la sedición del otoño del 2017. También Plataforma per la Llengua , que en las últimas semanas ha cobrado notoriedad por proponer que se vigile a los alumnos de los colegios catalanes para garantizar que en los recreos se comunican en catalán con sus compañeros, y no en castellano.

Completan el listado de entidades Kontseilua , A Mesa , Iniciativa pol asturianu , Ciemen , Escola Valenciana , Nogará y Acció Cultural del País Valenciá . Cuando la proposición no de ley se debata en el pleno del Congreso, la presión volverá a situarse sobre el PSOE, que en los Presupuestos ha apostado por la vía independentista para no provocar un cisma en el Gobierno y para asentar a sus socios durante el resto de legislatura.

La iniciativa se registra en la Cámara Baja solo dos semanas después de la aprobación de la polémica «ley Celaá» en el Congreso, que ya recoge una contrapartida en esa dirección a ERC a cambio de su respaldo a las cuentas estatales. La nueva ley de educación mantenía en principio el carácter vehicular del castellano, pero una enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC lo eliminó de la norma. Fue eso precisamente lo que expulsó a Inés Arrimadas de los PGE, que reclamó sin éxito una rectificación. El Ejecutivo optó por relegar la lengua común.