Un mitin en La Moncloa

Esta afirmación no se sostiene: el Ejecutivo de Rajoy acababa de aprobar los Presupuestos en el Congreso, algo inalcanzable para Sánchez. Ese Gobierno había aprobado la ley más importante del año, nada que ver con la parálisis. Es más, esas cuentas son las que han permitido sostenerse a Sánchez nueve meses, aunque sea a trompicones.

El PP fue condenado por la Audiencia Nacional como partícipe a título lucrativo del caso Gürtel, una responsabilidad civil. La esencia de la figura es que no conociste el delito, pero sí te beneficiaste de la trama. Los escándalos de corrupción que asolaron al PP son de tal gravedad que no hace falta inflarlos ni mentir.

No se trata de desautorizar aquí la trayectoria profesional de los ministros, pero tampoco se puede obviar que en solo nueve meses ha habido dos dimisiones ( Màxim Huerta y Carmen Montón ) y escándalos que han afectado a las ministras de Economía, Nadia Calviño; de Justicia, Dolores Delgado; de Educación, Isabel Celáa, y de Ciencia, Pedro Duque. Amén de la negativa del presidente del Gobierno a dar explicaciones en sede parlamentaria sobre el escándalo de su tesis doctoral, desvelado por ABC. Ninguno de ellos asumió responsabilidad ni fue ejemplar dando explicaciones, salvo Duque en este último caso.

Cuando el domingo pasado decenas de miles de personas salieron a la calle con banderas constitucionales y sin siglas de partidos, desde el Gobierno se lanzó una campaña de estigmatización a la que el PSOE le puso nombre: «No voy con el fascismo». Curiosa forma de «consensuar con el diferente» por parte de Pedro Sánchez.

No se compadece esta afirmación con, por ejemplo, la creación de una mesa de partidos extraparlamentaria a nivel autonómico y nacional, así como con la creación de la figura de un relator para contentar a los independentistas. Si alguien sufre con la creación de estas figuras son las instituciones a las que sustituye, que son las únicas depositarias de la soberanía nacional: el Parlament, el Congreso y el Senado.

Sánchez saca pecho de un modo de gobernar basado en el «decretazo», cuando ésta es una medida que, según la Constitución, exige «extraordinaria y urgente necesidad» y que por ello sortea el debate parlamentario. Todos los presidentes han abusado del «decretazo», pero nadie ha sacado pecho de ello. Sánchez sí.

Analizar los siete años del Gobierno de Rajoy sin tener en cuenta que en 2011 España estaba al borde del rescate y camino de los 6 millones de parados es un análisis parcial, propio de un líder de la oposición, pero impropio de un presidente del Gobierno en el uso de la palabra en el Palacio de la Moncloa.

Al presidente del Gobierno no le parece bien que la oposición del PP se oponga a la derogación de leyes que aprobó Rajoy, como la reforma laboral o la Ley de Seguridad Ciudadana, o a leyes que van en contra de su ideario, como la Ley de Eutanasia. ¿Eso es desleal o es defender su ideario y el de quienes les votan? Tampoco le parece bien que Ciudadanos vote lo que considere conveniente, y lo atribuye al «filibusterismo parlamentario».