Los miembros del extinto Govern a los que se les ha decretado prisión incondicional

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat y posible candidato de PedCAT en las elecciones del 21 de diciembre, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros, han señalado fuentes jurídicas. De momento, entra en prisión. El Ministerio Público reclamó esta medida, y así lo ha acordado la titular del Juzgado Central de Intrución número 3, an a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en el denominado 'procés' y en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament de Cataluña.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

El hasta ahora vicepresidente del Govern y conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, es el líder de ERC y uno de los principales impulsores del proceso independentista catalán, primero desde la oposición en la legislatura precedente, y después como 'número dos' en el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

Oriol Junqueras i Vies, nacido un 11 abril de 1969 en el barrio de Sant Andreu del Palomar de Barcelona, inició su carrera política como concejal y más tarde como alcalde de Sant Vicençs dels Horts (Barcelona), municipio al que se trasladó con su familia con tan sólo dos años de edad.

Este profesor de historia en la UAB fue también eurodiputado de ERC en 2009 y en 2011 se hizo con las riendas del partido y logró cohesionarlo, tras las fracturas internas y el descalabro electoral sufrido al finalizar el segundo gobierno tripartito de la Generalitat.

Por su parte, el exconseller Raül Romeva, que hasta ahora era el titular de Asuntos Exteriores y Transparencia, forjó su vida política como eurodiputado de ICV y, tras finalizar su último mandato, aprovechó el debate sobre el derecho a decidir para darse de baja en la formación ecosocialista, donde estaba integrado en el sector independentista.

Poco después fue propuesto por ERC para encabezar la lista unitaria de Junts pel Sí (JxSí) en las elecciones catalanas del 27S, y ha sido el primer conseller de Exteriores del gobierno de la Generalitat, una cartera controvertida, con el objetivo de internacionalizar el proceso soberanista.

Aunque Romeva nació en Madrid en 1971, ha residido en Cataluña durante casi toda su vida y, cuando la CUP vetó al anterior presidente de la Generalitat, Artur Mas, como candidato a presidir de nuevo el Ejecutivo catalán, su nombre fue valorado como posible presidente, pero finalmente fue Carles Puigdemont el designado.

Carles Mundó, el hasta ahora conseller de Justicia, es un abogado propuesto por ERC para acceder al gobierno catalán y su mandato se ha visto marcado por las tensas relaciones entre el Govern y los jueces, primero por el juicio del 9N, y después con los siguientes procedimientos abiertos contra líderes independentistas.

Mundó fue concejal republicano durante 16 años en el ayuntamiento de Gurb , el municipio de la comarca barcelonesa de Osona en el que reside, pero su experiencia institucional no se limitaba al ámbito municipal porque también había sido jefe de gabinete del Departamento de Educación cuando lo dirigía Marta Cid, y posteriormente, fue secretario de Medios de Comunicación de la Generalitat.

Dolors Bassa, la hasta ahora consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, fue secretaria general de UGT de Girona desde 2008 hasta el momento de integrarse en la lista de JxSí, y tuvo como principal reto frenar el aumento de las desigualdades así como aprobar la "renta mínima garantizada".

Nacida en Torroella de Montgrí (Girona) en 1959, Bassa es maestra y psicopedagoga y desde hace años está vinculada como activista sindical a movimientos progresistas .

De carácter tranquilo y verbo ágil, bregado en mil batallas parlamentarias, Jordi Turull (Parets, Barcelona, 1966) ha sido la voz de la Generalitat en los últimos meses, como portavoz del Govern y conseller de Presidencia, cuando relevó en julio a Neus Munté para ocupar una cartera de la máxima confianza de Puigdemont y situarse en el cuadro de mandos de la organización del referéndum del 1-O.

Aterrizó en el Govern como premio a su veteranía y compromiso con el proceso independentista, después de haber sido uno de los máximos defensores de la coalición Junts pel Sí y presidente de dicho grupo parlamentario formado por PDeCAT, ERC e independientes, desde donde pilotó la elaboración de las "leyes de desconexión".

Turull es, al igual que Puigdemont, un independentista convencido desde mucho antes del giro dado por CDC del nacionalismo al independentismo : Con 17 años ya militaba en la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), desde donde hizo el salto a CDC, partido por el que fue elegido diputado en el Parlament en 2006.

Aunque su carrera en la formación pareció quedar tocada hace tres años, cuando fracasó en su intento de liderar el PDeCAT durante el proceso de refundación de CDC, se revalorizó al ser elegido conseller en el momento de mayor aceleración del 'Procés'.

Seguidor acérrimo del RCDE Espanyol, abogado licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y curtido en la gestión municipal, fue además uno de los hombres de confianza de Artur Mas como líder de la oposición, que le encumbró primero como portavoz parlamentario de CiU en 2010 y después presidente del grupo en 2013.

También desde las juventudes de CDC destacó Josep Rull (Terrassa, Barcelona, 1968), quien durante su trayectoria pasó de liderar las juventudes del partido a capitanear la dirección más soberanista de CDC, hasta ser ahora el único exconseller que desatendió la orden de cese del Gobierno y se presentó el pasado lunes a trabajar a su despacho en la sede de la Consellería de Territorio.

Siempre apareciendo como uno de los nombres clave en la línea sucesoria de Mas y con un discurso marcadamente independentista, Rull se afilió en 1986 a la JNC, rama juvenil de CDC de la que fue secretario general entre 1994 y 1998; desde 2012 fue secretario de Organización de CDC y en 2014 se erigió como coordinador general del partido -relevando a Oriol Pujol- en su giro al independentismo.

Buen orador y de tono afable pero contundente, aficionado a los cómics de Tintín, Rull ha sido conseller de Territorio y Sostenibilidad durante la etapa de Puigdemont , y el lunes pasado desafió al Gobierno al acudir a su despacho a "hacer la tarea encomendada por el pueblo de Cataluña", dijo, pese a estar cesado.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue cabeza de lista de CiU en el Ayuntamiento de Terrassa entre 2003 y 2012, así como diputado del Parlament desde 1997.

La tercera exconsellera del PDeCAT enviada a prisión es Meritxell Borràs, quien desde junio de 2015 ocupó la Consellería de Gobernación y Relaciones Instituciones tras la ruptura de CiU y la dimisión de su predecesora, la democristiana Joana Ortega.

Licenciada en Farmacia por la UB y máster en gestión empresarial, Borràs trabajó en laboratorios farmacéuticos antes de iniciar su carrera política, que ya inició en 1982 en la JNC, pero que le acompañaba desde la cuna, pues es hija del fallecido fundador y expresidente de CDC Jacint Borràs.

Exconcejala de L'Hospitalet, Meritxell Borràs ganó peso en la dirección de CDC en 2015 de la mano de Rull, al tiempo que, como diputada en el Parlament desde 1995 en diferentes etapas, fue teniendo un ascenso meteórico hasta ganar protagonismo como portavoz de CiU en la polémica comisión Pujol en la anterior legislatura.

Borràs ya arrastraba una querella por el concurso de compra de urnas para el 1-O que quedó desierto y, pese a aparecer este martes junto a Puigdemont en su comparecencia en Bruselas, hoy ha acudido a Madrid para declarar ante la jueza de la Audiencia Nacional.

Joaquim Forn ingresará hoy en prisión por orden de la Audiencia Nacional tras un fugaz paso por Interior, cartera que asumió a dos meses del 1-O guiado por su compromiso inquebrantable con el independentismo con el objetivo de garantizar que los Mossos d'Esquadra dejasen votar "con libertad y seguridad".

Forn, que fue uno de los exconsellers que se desplazó a Bruselas junto al destituido presidente Carles Puigdemont, ha regresado a tiempo para declarar hoy ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha acordado su ingreso en prisión preventiva en la causa abierta por rebelión o sedición y malversación.

Tras labrarse durante años su carrera política en el Ayuntamiento de Barcelona, donde sonaba con fuerza como futuro aspirante del PDeCAT para batirse con Ada Colau, Forn renunció a sus planes en la capital catalana y atendió la petición del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para asumir a dos meses del 1-O la cartera de Interior, clave para la celebración del referéndum ilegal.

Independentista convencido, Forn relevó en Interior a Jordi Jané , un conseller moderado que siempre había defendido que, en el proceso soberanista abierto en Cataluña, los Mossos d'Esquadra tenían la obligación de cumplir y hacer cumplir las ley.

Con su llegada a Interior, Forn dio un giro copernicano a las directrices de Jané y, nada más aterrizar en la consellería, el 14 de julio pasado, ya dejó claro que los Mossos facilitarían que la votación del 1-O se desarrollase "con normalidad", como hacen todas las policías del mundo en una jornada electoral.

Junto a Forn también llegó a la consellería otro independentista sin tapujos, Pere Soler, que asumió el cargo de director de los Mossos d'Esquadra que había dejado vacante Albert Batlle, un exconcejal socialista en Barcelona que fue alto cargo del gobierno catalán durante el tripartito de PSC, ERC e ICV y que, como Jané, también defendía que los Mossos se tenían que ceñir a cumplir y hacer cumplir la ley.

Soler, que hoy ha acompañado a Forn a Madrid, fue el primer alto cargo del gobierno catalán que acató su destitución después de que el Gobierno cesara el pasado viernes al presidente catalán, a todos sus consellers y a altos cargos clave de la administración catalana en aplicación del artículo 155 de la constitución.

Tras su paso por Interior, Forn ha dejado a los Mossos d'Esquadra bajo el control del ministerio de Interior, en aplicación del artículo 155, mientras que el hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sido cesado por el Gobierno -y sustituido por el comisario Ferran López-, al tiempo que permanece imputado por sedición por la juez Lamela, que le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España.

Al frente de la consellería, Forn mantuvo hasta el final su mensaje sobre el papel de los Mossos, hasta el punto de que llegó a asegurar que permitirían que se votara con "libertad y seguridad" en el referéndum.

Los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del pasado 17 de agosto abrieron otro frente de disputa de Forn con el Gobierno, en el que el conseller cerró filas con Trapero para reivindicar la labor de la policía catalana frente a quienes la cuestionaron.

A tres días del 1 de octubre, y con las órdenes sobre la mesa de Fiscalía y de la justicia para que los Mossos d'Esquadra impidieran la votación, Forn pidió que no se pusiera "contra las cuerdas" a la policía catalana y aseguró que los agentes "adecuarían" el cumplimiento de las directrices judiciales para priorizar el mantenimiento de la "convivencia".

Finalmente, los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales, de los 2.294 previstos para el referéndum del 1-O, lo que ha comportado la apertura de varias investigaciones judiciales sobre la supuesta pasividad de la policía catalana.