Vía libre para juzgar la caja B del PP mientras se siguen investigando las donaciones

En una providencia, De la Mata explica a la Sala de lo Penal -los tres jueces que enjuiciarán los hechos- que el juicio a la caja B puede separarse de la investigación que él mantiene en marcha, una parte de la causa que reabrió tras nuevas revelaciones. «No impide en nada la continuación de las actuaciones de enjuiciamiento», señala el juez, en una providencia firmada este lunes 15 de octubre.

Esto significa que la Audiencia Nacional puede señalar ya la fecha para el juicio por la contabilidad opaca , el pago con dinero negro de las obras de la sede de Génova y el supuesto fraude fiscal por no abonar el Impuesto de Sociedades en 2008. La fecha exacta dependerá del calendario pendiente de la sección encargada.

En la causa preparada para ser juzgada, están acusados el antiguo tesorero popular Luis Bárcenas y el antiguo gerente de la formación Cristóbal Páez , además de tres empleados del estudio de arquitectura que completó la remodelación de Génova, de nombre Unifica.

El juez atribuye a Bárcenas y Páez delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito electoral continuado por el manejo de la caja B, que el juez sitúa entre 1990 y al menos 2008. Esta contabilidad opaca habría existido fuera del circuito legal y al margen de Hacienda y del control del Tribunal de Cuentas.

El magistrado explica que la investigación que él continúa solo aborda las posibles donaciones irregulares de empresarios como Villar Mir, José Mayor Oreja o Alfonso García Pozuelo al partido, que podrían constituir los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Esta parte de la causa -que concluyó que parte de las donaciones se habría destinado a pagar sobresueldos- se archivó en el pasado por no hallar indicios sólidos de los delitos y de las posibles contraprestaciones para los donantes en forma de licitaciones públicas irregulares por el PP. El juez la reabrió después de que García Pozuelo y Francisco Correa admitieran los pagos en el juicio por la primera época de la trama Gürtel.