En libertad tras 23 años el último carcelero de Ortega Lara

Aun así, por mucho que se conjugue la lógica legal y la aritmética penitenciaria, cuesta que salgan las cuentas de la extinción de condena de este etarra nunca arrepentido, no solo porque fue sentenciado a 32 años por el secuestro del funcionario de prisiones, sino porque en su hoja delictiva están también otros 14 por el de Julio Iglesias Zamora.

Y una larga lista de delitos de sangre: 33 años por el asesinato a tiros de un guardia civil en Mondragón en 1985, 17 por matar a otro en 1986 en la misma ciudad y 145 por la bomba contra una patrulla de la Benemérita que acabó la vida con dos de sus miembros en Oñate (Guipúzcoa). Total, 241 años de condenas .

En estas acciones, Erostegui estuvo acompañado por uno o varios de los compinches que junto a él compondrían el comando Bellotxa y luego Gohierri, que en 1996 se llevó a Ortega Lara para sepultarlo durante 532 días en un zulo bajo una máquina pesada de donde fue rescatado la madrugada del 1 de julio de 1997.

En este grupo de «legales», no fichados por las policía y que hacían vida común en Mondragón, se encontraba Josu Uribecheverria Bolinaga , el más célebre de la célula por su polémica excarcelación condicional en agosto de 2012 por motivos de salud. Sobrevivió en la calle hasta enero de 2015.

Junto a ellos operaron José María Gaztelu , que cumplió 20 años y salió en 2017, y Javier Ugarte, que dejó la prisión en julio del año pasado a pesar de que su catálogo de condenas sumaba 224 años de reclusión. Erostegui Bidaguren nació en 1953 y fue detenido por la Guardia Civil durante la operación que desembocó en el hallazgo de Ortega Lara.

Las indagaciones policiales que hicieron posible ese final se iniciaron tras la detención en Francia de Juan Luis Aguirre Lete, alias «Insuntxa», el 26 de noviembre de 1996. Con la documentación incautada se consiguió identificar a las cuatro etarras ya mencionados que custodiaban al funcionario.

La investigación judicial acreditó que eligieron a Ortega Lara por ser militante del PP y para reclamar el acercamiento a prisiones del País Vasco de los presos de ETA. Tenían orden de matarle o dejarle morir de hambre en caso de que los terroristas no consiguieran este objetivo, según se recoge en el auto de procesamiento dictado por el juez Javier Gómez de Liaño .