Los letrados del Congreso advirtieron al PSOE en septiembre que la Corona no se puede reformar por ley

El documento se elaboró ante una proposición de ley registrada por Más País y Compromís relativa a los actos del Rey sujetos a inviolabilidad. El partido que lidera Íñigo Errejón pretendía introducir la «responsabilidad» de la Corona en el marco jurídico, diferenciando los actos del Monarca como jefe del Estado de los desarrollados como «persona privada». Para esta segunda esfera, Más País proponía el carácter de «no inviolable» con el objetivo de «facilitar la transparencia y la rendición de cuentas» de Felipe VI.

Los letrados de la Cámara, sin embargo, concluyeron que la reforma propuesta por Errejón era «contraria» a la Carta Magna al pretender limitar por vía normativa la configuración que la Constitución otorga a un elemento esencial de la Corona como es la inviolabilidad. Recordaron los artículos 56.3 y 64, que establecen que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» y que de sus actos «serán responsables las personas que los refrenden». El informe terminaba subrayando que «no resulta posible la regulación de esta materia mediante una proposición de ley».

La Mesa del Congreso está presidida por la socialista Meritxell Batet y cuenta con otros dos cargos de este partido, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Sofía Hernanz. Todos ellos asumieron las tesis de los letrados, junto con los dos representantes del PP, Ana Pastor y Adolfo Suárez Illana, y el de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Unidas Podemos, en cambio, se opuso. Sus tres cargos en la Mesa, Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna, sostuvieron que la inviolabilidad puede recortarse mediante una ley orgánica que desarrolle el Título II de la Constitución. Tres meses después de aquel debate a puerta cerrada, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se descolgó con la propuesta de una ley sobre la Corona de la que ahora quiere dar marcha atrás. El informe de los letrados constata la inconveniencia de la iniciativa dado su difícil sustento legal.

Al ser mayoría los representantes de la Mesa que asumieron las tesis de los letrados, este órgano negó la calificación y admisión a trámite de la reforma propuesta por Más País. No en vano, para que una iniciativa pueda iniciar su recorrido parlamentario es necesario que la Mesa examine el texto y concluya que se adecúa plenamente al ordenamiento jurídico.

Pese a ello, Errejón ha advertido que no se da por vencido y volverá a registrar su iniciativa, si bien todo apunta a que el desenlace será parecido. Y es que, junto con los letrados del Congreso, los constitucionalistas consultados por ABC ven también inviable una modificación legislativa de aspectos esenciales de la Corona , como es la propia inviolabilidad del Rey. No obstante, temen que desde el Gobierno se intente limitar las funciones del Monarca «por la puerta de atrás», como se quiere hacer con el Poder Judicial.

Para Carlos Flores, catedrático de la Universidad de Valencia, la inviolabilidad del Rey «se proyecta sobre su persona», lo que alcanza a todos los actos que desempeñe, tanto públicos como privados. «No es posible diferenciarlos», dice. «Si el artículo 56.3 no gusta entonces hay que modificar la Constitución mediante procedimiento agravado, pero lo que no puede hacer la ley es redefinir la inviolabilidad del Rey porque ese concepto tiene un contenido que no es posible reinterpretar, modular ni recortar».

A su juicio, si el Congreso quiere legislar tiene que hacerlo sobre aquello a lo que la Constitución le emplaza , respecto a cuestiones como abdicaciones y renuncias que pueden ocurrir en el orden sucesorio; la tutela de la Princesa de Asturias, en caso de que fuera necesaria siendo menor de edad, o la Regencia en caso de incapacidad del Rey, por ejemplo. Pero no sobre materias que requieren la reforma de la propia Carta Magna. Flores sospecha que se pretende «una reforma encubierta de la Constitución para recortar la inviolabilidad del Rey e imponer límites en el desarrollo de sus funciones. Quieren modificar la Constitución limitando su potencial representativo en un momento en el que la Corona cobra cada vez más relevancia y empieza a ser vista con recelo ante la reacción que el Rey ha tenido al marcar distancias respecto a su padre», opina.

De la misma opinión es también el catedrático de Constitucional José Manuel Vera. «Cualquier reforma de la inviolabilidad invadiría una materia de reserva constitucional a todos los efectos, objetiva y subjetivamente», dice, porque «esa inviolabilidad encarna la institución». «Esto es un avance más en el presidencialismo total encarnado por un presidente del Gobierno que parece desconocer que en España existe un régimen que se llama Monarquía parlamentaria y que es un órgano constitucional más que actúa en paridad y con independencia respecto al resto, como el Consejo General del Poder Judicial». Para Vera no hace falta ninguna ley que regule cuestiones de la Corona de forma específica , sino que es suficiente con que leyes que sirven para otras instituciones del Estado se apliquen a la Corona, que no es lo mismo. «Y esto ya sucede», apostilla.

En este sentido el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco recuerda que basta con ir a la web de la Casa Real para «comprobar el nivel de transparencia de la institución». «Ahí está todo: contratos, presupuestos...Cualquier ciudadano que tenga dudas sobre la transparencia de la Corona no tiene más que mirar ahí». Así, Blanco apunta que, salvo las regencias y tutorías de las que habla su colega Flores, no ve materias susceptibles de ser reguladas que afecten a las funciones del Rey, «salvo que lo que se quiera es regular por la puerta de atrás cosas que no lo son».

El jurista discrepa con esa supuesta necesidad de «modernizar» la Monarquía . La nuestra ya es, dice, una Monarquía parlamentaria, «constitucionalizada, por cierto, desde 1978», y no desde hace un siglo, como otras.