Los lazos torpedean la política de acercamiento del Gobierno

El punto de fricción es ahora a cuenta de la convivencia en el espacio público tras la invasión de simbología independentista y la utilización de los Mossos d’Esquadra para identificar a los grupos que se están organizando para retirarla, un asunto que el ministerio del Interior quiere abordar en una Junta de Seguridad -órgano paritario de coordinación entre Gobierno y Generaliat-, pero que, por contra, el Ejecutivo de Quim Torra no quiere considerar. La Generalitat sí quiere que se discuta sobre la «escalada de violencia» que según denuncia practican agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional contra el independentismo.

En la última respuesta a la serie de misivas que se están cruzando la Generalitat, el ministerio y la delegación del Gobierno, el ministro Fernando Grande Marlaska respondía ayer al consejero Miquel Buch insistiendo en que la próxima Junta de Seguridad haga un «análisis general de la seguridad pública», incluyendo allí la polémica por los lazos y las identificaciones de los Mossos. Marlaska recordaba que l a seguridad pública es «competencia exclusiva del Estado» en respuesta a la carta que el día anterior Buch le había mandado arrogándose para la Generalitat estas funciones.

Desde el ejecutivo catalán, tal y como ayer insistía su portavoz, Elsa Artadi , se explicó que no hay inconveniente en abordar la cuestión de la convivencia en Cataluña con el Gobierno, aunque puntualizando que la Junta de Seguridad no es el foro adecuado. Tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz y consejera de Presidencia apuntó que el Estatuto otorga a la Generalitat « competencias exclusivas en el orden público », por no ve sentido a abordar la colocación y retirada de lazos amarillos en la Junta, ya que no corresponde a otro cuerpo que no sea el de Mossos d’Esquadra.

En este contexto, el gobierno catalán volvió ayer a criticar la decisión de la Fiscalía de analizar la actuación de los Mossos , a la vez que calificaba de «anecdóticos» los incidentes originados por los lazos. Al respecto, Artadi precisó que la policía autonómica no está actuando de manera diferente, y que su actuación responde a los avisos que hacen vecinos o un alcalde. Los agentes de la policía autonómica, aseguró Artadi, « no identifican a personas individuales que a la luz del día y sin actitud agresiva puedan retirar un lazo amarillo», sino lo que «pueda ser susceptible de una actitud violenta y delictiva», como por ejemplo « personas encapuchadas, de noche, con una escalera y palos con un cuchillo».

Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera , anunció que presentará mañana un escrito ante el Defensor del Pueblo para pedir el amparo de una parte de la ciudadanía de Cataluña que se encuentra «indefensa» ante la «arbitrariedad» del presidente Torra, a quien acusó de querer «apoderarse de todo lo público». Rivera anunció por parte de su partido «una ofensiva de defensa de las libertades constitucionales de los catalanes en todas las instituciones del Estado».

En paralelo, el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol , reclamó al Gobierno que asuma las competencias de seguridad y el mando de los Mossos si la investigación de la Fiscalía demuestra que actuaron de manera arbitraria. Albiol acusa a Torra de ejercer «violencia psicológica» contra una parte de los catalanes.