Los ladridos de su perro le cuestan 12.000 euros a un vecino de Vitoria

El juzgado considera probado que el hombre incurrió en un delito de lesiones por imprudencia grave que merece «reproche penal».

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, explica que el acusado compró en 2012 un perro mestizo de mastín y labrador que se quedaba solo en la vivienda gran parte del día y ladraba de forma habitual y descontrolada tanto por el día como por la noche «sin que su propietario adoptara medidas para controlar sus ladridos y aullidos».

El juez afirma que ha quedado probado que esa situación provocó en la mujer «constantes e insistentes molestias» y que la comunidad de vecinos envió en 2013 un burofax al acusado solicitando a que hiciera algo o se iniciarían acciones judiciales . También que la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava le envió una carta «rogándole» que tomara las medidas oportunas para que cesaran las molestias.

Además indica que el acusado y la afectada acudieron al servicio de mediación de conflictos vecinales y que él se comprometió a tomar medidas para que su perro no ladrar a , y que la mujer solicitó en una decena de veces la intervención de la Policía Local.

A pesar de todos estos avisos y de conocer el estado de ansiedad que causaba a su vecina «el acusado continuó sin controlar los ladridos de su mastín y no adoptó ninguna medida para paliar o poner fin a dicha situación, despreciando las molestias permanentes que estaba ocasionando», afirma la sentencia.

El juez considera sin embargo que no ha quedado probado durante el juicio, celebrado la última semana de mayo, que el acusado haya querido directamente causar esa situación de estrés y ansiedad a su vecina pero sí que ha actuado con imprudencia grave, ya que el daño causado era «evitable» y a pesar de ello «le resultó indiferente que pudiera producirse» .

En un principio la Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel y que se indemnizara a la mujer con 25.000 euros. La acusación particular pidió la misma pena de prisión y una indemnización de 50.000 euros , mientras que la defensa solicitó la absolución.

Ahora el juez considera «adecuada, proporcionada y ponderada» la imposición de cuatro meses de cárcel y el abono de una indemnización de 12.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Álava .