El juzgado niega a Monedero la entrada discreta que pedía para evitar el paseíllo

En una resolución a la que tuvo acceso ABC, el Decanato expone que Monedero no explica en su escrito «cuál es el peligro específico que entiende el solicitante que concurre y que justificaría acceder al edificio por 'cualquier alternativa' diferente a la utilizada por el personal que presta sus servicios en la Administración de Justicia, profesionales y particulares».

Además, recuerda que la limitación en el acceso a los juzgados por el protocolo de prevención frente al Covid, asunto que mencionaba en su escrito Monedero, «no ha causado, al día de la fecha, problemas de seguridad para la integridad personal de cuantos acuden a los edificios judiciales».

«Por lo anteriormente expuesto, sin perjuicio de que se comunique a la empresa de seguridad del edificio este extremo para que, en su caso, adopte las medidas de protección que estime precisas, acuerdo que no procede acceder a lo solicitado », dice la resolución de la decana.

Tal y como informó ABC, Monedero había presentado un escrito solicitando «cualquier alternativa» que le permitiese esquivar la puerta principal aduciendo «motivos de seguridad y la situación de restricciones en la entrada de los Juzgados por motivos Covid», pero el juez, al no verse «competente» para resolver esta cuestión, dio traslado al Decanato.

El actual director de la fundación de Podemos, el Instituto 25M, acude a declarar en relación al pago de 26.000 euros que recibió en diciembre de 2018 desde la consultora latinoamericana Neurona Consulting y que después justificó ante su banco con una factura que los investigadores sospechan que es falsa.

Para el juez, el pago podría estar relacionado con el desembarco de Neurona en España y su contratación posterior con la coalición Unidas Podemos, que abonó 363.000 euros por servicios de consultoría en la campaña electoral de abril de 2019 mediante un acuerdo que hizo saltar las alarmas del Tribunal de Cuentas bajo indicios de falsedad. La formación está imputada por un presunto delito electoral y/o de financiación irregular por este asunto.