El juez ya investiga 8 ramificaciones de Neurona

A lo largo de estos meses, buena parte de los esfuerzos de la instrucción se han concentrado en desbrozar aquella pila inicial de indicios, pero la documentación que la que fuera responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, aportó en enero ha vuelto a complicar la investigación, añadiendo ramificaciones al ya conocido como caso Neurona. La Fiscalía, que sólo aprecia un posible delito electoral, teme que la causa devenga en «una auditoría» general y ha pedido que esos hechos se estudien en una pieza separada. Ya serían tres en un asunto con más ramificaciones.

Esta es probablemente la rama más mediática de las introducidas por Carmona, si bien su relevancia penal está por ver. Denuncia un abuso de los recursos del partido en beneficio de Irene Montero, en este caso, que habría utilizado a una empleada de Podemos –su ahora jefa de gabinete adjunta en Igualdad– como niñera de su hija. Añade otro caso, el de una empleada que dijo haber sido utilizada como escolta y recadera por la ahora ministra hasta su despido.

Vinculado este asunto, está la presunta administración desleal en relación a las subidas de sueldo que se aplicaron el tesorero y la gerente, de acuerdo a la denuncia, sin justificación. El juez ha pedido las tablas salariales y el presupuesto, ya que este y otros movimientos, como las obras de la sede, se habrían acordado sin las cuentas aprobadas.

Por otra parte, la Audiencia Provincial ha ordenado al juez que averigüe qué pasó con 30.000 euros que la Caja de Solidaridad de Podemos , a la que contribuyen sus cargos a partir de un techo salarial, envió a una asociación que integran miembros del partido. Esta línea se había archivado, pero la Sala ve indicios de que el dinero pudo ir «en beneficio de algunos» . La denuncia señalaba a Rafael Mayoral.

Carmona aportó más datos sobre esa donación y sospechas sobre la fundación de Podemos, el Instituto 25M que dirige el cofundador Juan Carlos Monedero. Por un lado, 300.000 euros que entre la entidad y el grupo parlamentario habrían ido al proyecto Escuela Popular Paulo Freire, una formación online en la que da charlas, entre otros, Mayoral. Por otro lado, un convenio entre la propia fundación y el partido por importe de 200.000 euros para «fines poco definidos», según Carmona.

La abogada ha puesto también sobre la mesa un informe sobre la campaña de microcréditos del partido en 2019 , una de sus fuentes de financiación, «por si fuera de interés sobre el destino de los fondos abonados a Neurona».

Neurona es el centro de la causa. Tanto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como la provincial de Madrid ven indicios de delito electoral. El juez estudia también financiación irregular. Se trata de un contrato de 363.000 euros que Unidas Podemos suscribió con una empresa de Sevilla para las generales de abril de 2019. La mercantil se habría creado «ad hoc» para la firma sin tener ni empleados ni estrucrura y el grueso del dinero acabó en otra empresa en México aún por analizar. Se sospecha que el contrato era ficticio, aunque Podemos aportó 50 Gigabytes de material gráfico para acreditar los servicios. Ciberdelincuencia ha analizado los archivos y puesto nombre a sus usuarios. Ahora la UDEF deberá interpretar sus datos y elevar conclusiones. Podrá comparar con Yugen Media, otra empresa que hizo vídeos para aquella campaña, eso sí, por 15.200 euros.

De ese asunto salen dos ramas. La primera, un ingreso a Monedero en diciembre de 2018 por importe de 30.000 dólares procedente de la matriz mexicana de la consultora, Neurona Consulting. Intentó justificarlo con una factura que los investigadores sospechan que es falsa. Está citado para dar explicaciones el 15 de marzo. Sobre la mesa, la posibilidad de que tenga relación con el desembarco de Neurona en España.

La segunda rama es el dinero que se quedó en España y parte del cual, viajó en transferencias a cajeros ordenadas por el socio de Neurona, César Hernández, para miembros de Podemos. Como decía la Fiscalía, son cantidades menores pero no justificadas. La UDEF, que aprecia indicios de blanqueo contra criterio del juez, ha pedido revisar las cuentas de las coaliciones que dieron fondos a Neurona.

Hasta ahora, no se ha rastreado en México el destino del dinero electoral ni se ha citado a Hernández. Cabe recordar que pese al alcance de la causa, que afecta a un partido de gobierno y tiene rama internacional, Anticorrupción no ha reclamado el asunto, que sigue acumulando hechos a investigar en un juzgado ordinario.