Un juzgado de Madrid investiga ya el rescate de Plus Ultra

En un auto adelantado por El Español y al que tuvo acceso ABC, la instructora incoa diligencias ante los hechos, que podrían ser constitutivos de una «posible infracción penal» denunciados por Manos Limpias, cuyo presidente está siendo juzgado estos días en la Audiencia Nacional por la Operación Nelson.

Las diligencias se dirigen contra Lora por un presunto delito de malversación y todo el consejo de administración que aprobó las ayudas. Esto implica que se dirige contra cuatro secretarios de Estado (Defensa, Hacienda, Energía y Economía) así como contra cuatro subsecretarios de distintos departamentos del Gobierno, incluido el de Presidencia, un secretario general y dos directores generales.

La instructora aún no ha acordado citaciones y ha empezado por dar traslado a los denunciados y la Fiscalía requerir a la sociedad estatal el expediente completo que derivó en esa inyección económica sustentada en el carácter supuestamente «estratégico» de Plus Ultra.

La operación no está exenta de polémica, supuso un desembolso de 53 millones de euros –con un préstamo participativo por valor de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones – en favor de una aerolínea relacionada con el chavismo y que lleva en pérdidas prácticamente desde su constitución. Los fondos eran para el rescate de empresas estratégicas en situación complicada por la pandemia.

De acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas por este diario, Manos Limpias interpuso una primera denuncia sobre el rescate que fue sobreseída que se centraba precisamente, en la consideración de estratégica de la compañía, a la luz tanto de sus pérdidas como de su exigua actividad. La denuncia fue sobreseída, pero el pasado 25 de marzo la amplió para incluir al presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso; y sus máximos accionistas.

Esta segunda ofensiva es la que ha desencadenado la apertura de la causa y en ella, la organización sumaba más indicios y señalaba además un delito de corrupción y otro contra el mercado y los consumidores ante lo que califica como un rescate con «una motivación política y no económica».

En su argumentación, aducía que el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas declaró en público que veía «una discriminación», que se había «vulnerado la proporcionalidad de la ayuda» en los términos fijados por la Unión Europea y que el Fondo de Ayudas para la solvencia de empresas estratégicas «se dirige a compañías que no estuvieran en dificultades financieras antes del 31 de diciembre», y no es el caso.

Esta no es la primera ofensiva judicial en los tribunales al hilo de la polémica ayuda a una empresa que sobre el papel, es española, pero que tiene la mitad de su capital en manos de venezolanos. Se trata de una aerolínea con dos aviones en alquiler, de dudosa solvencia y con solo cinco millones de patrimonio neto.

Vox ya interpuso hace unas semanas una querella ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno y todo el consejo de Administración de la SEPI por entender que no se trata, contra la visión del Ejecutivo, de una empresa estratégica con relevancia en su sector y que tampoco tenía derecho a ese plan de rescate puesto que sus pérdidas no son consecuencia de la pandemia. Está por resolverse la admisión a trámite de esta iniciativa mientras en Madrid, ya se investiga la operación.

La aerolínea Plus Ultra apenas representa el 5% del total de los préstamos repartidos por el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI . Pero teniendo en cuenta su facturación (94 millones) en las últimas cuentas declaradas a 31 de enero de 2020, el rescate de 53 millones equivale a más de la mitad de sus ingresos.

Plus Ultra ya constituía una empresa en crisis antes de llegar la pandemia. De hecho, nunca había registrado un año con sus cuentas en positivo y arrastraba una deuda de más de diez de millones en su último balance.

De no ser por un préstamo participativo llegado desde un banco panameño relacionado con el accionariado venezolano de la aerolínea , estaría en causa de disolución según la auditora de sus cuentas. Antes de pedir el rescate a la SEPI, Plus Ultra acudió a la banca privada y esta rechazó concederle cualquier tipo de financiación al considerar que había riesgo de impago, a pesar del respaldo del 70% del aval del ICO para grandes empresas. A pesar de todos estos hechos y de su escasa relevancia en el sector aéreo ha sido considerada estratégica.