La vicepresidenta de Ceuta da por suspendidas 72 horas las repatriaciones

Se zanjaba así una jornada en la que el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Ceuta, tras analizar la información de la Jefatura de Policía Nacional y la Fiscalía ceutí, había paralizado la entrega de otros nueve menores. La razón: que se ha «acreditado» que no se están cumpliendo las previsiones de la Ley de Extranjería , las mismas que según el acuerdo entre España y Marruecos para la reagrupación de menores solos debe regir en todo momento. «Ni se ha incoado expediente administrativo, ni se ha dictado resolución alguna en relación a la repatriación de los menores; considerando suficiente para adoptar tal medida el acuerdo suscrito» entre ambos países, expone el auto al que tuvo acceso ABC.

La resolución, dictada con apoyo de la Fiscalía, recuerda que «la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad que se encuentren ilegalmente en nuestro país sin la tramitación del correspondiente expediente administrativo cuando s e trate de extranjeros que ya hubieran sido expulsados y contravengan la prohibición de entrada en España y a aquellos que pretendan entrar ilegalmente en el país». «Situación -reza- que de forma evidente no concurre en el presente caso».

Para el juez, existe «una actuación de facto por la Administración» que implica necesariamente tomar una decisión de urgencia, sobre todo habida cuenta de que tres de los recurrentes acababan de ser expulsados. «La única decisión posible es ordenar la suspensión de la actuación ‘de facto’ adoptada por la Administración dirigida a repatriar a los menores no acompañados referidos en la demanda que aún no hubieran sido devueltos a Marruecos, quedando bajo la protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta», zanja.

Contra el auto no cabe recurso, si bien Delegación del Gobierno y la Fiscalía tienen tres días para alegar sobre alzar o mantener la suspensión de las repatriaciones. Fuentes de Interior avanzaron el lunes a ABC que presentarán escrito en plazo y que si bien respetan la decisión judicial y la opinión de la Fiscalía, el plan de repatriaciones a Marruecos seguiría en marcha salvo que Ceuta, cuya presidencia es quien va remitiendo las peticiones a Interior, dijese lo contrario . Ese es el escenario ahora, tras la paralización por 72 horas acordada por la juez de guardia, porque a priori, la resolución del Contencioso sólo afectaba a 9 menores.

No obstante, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas solicitó ayer formalmente al Gobierno que paralizase la repatriación de otro grupo de 10 a instancias de Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium. De ellos, cinco ya habían sido expulsados, dos están ya protegidos por las cautelarísimas del juzgado contencioso y otros tres, de acuerdo a la resolución del Comité, deberán ser «transferidos a un centro de protección», al menos, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. España, para esto, tiene dos meses para alegar.

No obstante, son sólo unos pocos de un plan de repatriación mucho más ambicioso que Interior mantendrá mientras Ceuta lo vaya instando. Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, que encabezan la acción jurídica contra lo que denominan «operación Herodes», acogían ayer con satisfacción y cautela el auto del juzgado contencioso sobre los 9 menores. La falta de transparencia dificulta que identifiquen a los niños que van a ser repatriados y les ofrezcan asistencia legal. Al cierre de esta edición, cerca de 40 habían designado letrado aunque tampoco los abogados son notificados. Se antoja así como una carrera contra el reloj: llegar antes de que el chico cruce la frontera del Tarajal. Y ahora, con la incertidumbre sobre las 72 horas.