La ONU pide a España que paralice la repatriación a Marruecos de 10 menores de Ceuta

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, está firmado por el jefe de Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, y responde a una denuncia previa de Save The Children, Andalucía Acoge y Gentium . Señalaban que el proceso de repatriación a Marruecos de los menores llegados a Ceuta el pasado mayo no se ajusta a la legalidad española y vulnera la Convención de la ONU sobre los derechos de la infancia, en tanto impone el interés superior del menor y esto implica un procedimiento individualizado y un expediente con todas las garantías en el que el menor además de oído, sea notificado.

La denuncia se refería en concreto a una decena de menores, los diez a los que las ONG habían conseguido identificar hasta el momento y cuya repatriación era inminente. De hecho, cinco de ellos han sido expulsados en los últimos días y otros cinco siguen en Ceuta. De ellos, dos están concernidos por la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la Ciudad Autónoma que, también este lunes, ha acordado suspender cautelarmente su expulsión. La decisión de la ONU ampararía así a tres que estaban fuera de esas cautelares.

«De conformidad con el artículo 6 del Protocolo facultativo y el artículo 7 del reglamento del Comité en relación con el Protocolo facultativo, el Comité, por intermedio de su Grupo de Trabajo sobre comunicaciones , ha solicitado al Estado parte suspender la expulsión de los autores a Marruecos y su transferencia a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente ante el Comité», reza el escrito.

La resolución, que funciona como una suerte de medida cautelar previa a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, se adopta en función de los hechos denunciados por las entidades, y puede ser no obstante «reexaminada, a solicitud del Estado parte, en función de la información y las observaciones que este pudiera hacer llegar al Comité».

En este sentido, pide a España «informaciones y observaciones relacionadas con la cuestión de la admisibilidad y del fondo« de la cuestión. El plazo para que el Gobierno responda es de dos meses, de manera que si Interior acata el requerimiento del Comité, deberá mantener al menos el tiempo que tarde en resolverse el expediente a esos menores bajo protección en Ceuta.