La Justicia despliega todas sus «armas» para frenar el referéndum ilegal

Al suspender todos los pasos de la hoja de ruta secesionista —ley y convocatoria del referéndum, creación de la Sindicatura Electoral, la ley de transitoriedad jurídica y la Hacienda catalana, entre otras—, el Tribunal Constitucional ha apercibido a más de un millar de altos cargos catalanes, a quienes ha ordenado dejar de impulsar la organización y celebración del referéndum y frenar cualquier iniciativa en dicha dirección. Se ha dirigido a todos los miembros de la Generalitat, de la Mesa del Parlament y a los 947 alcaldes catalanes. Desobedecer esto puede suponer incurrir en responsabilidad penal .

El tribunal garante de la Constitución empleó ayer sus poderes reforzados —otorgados por la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento, aprobada por el PP en solitario— para pedir a los síndicos catalanes que le informen de si están desobedeciéndole. El Constitucional ha dado un plazo de 48 horas a los miembros de la Sindicatura catalana, una especie de Junta Electoral Central creada por el secesionismo y cuya creación fue suspendida por el Constitucional. Si siguen desobedeciendo, los magistrados podrían utilizar sus «armas» de oficio y sancionar a los incumplidores, imponiéndoles una multa o suspendiéndoles de funciones, una potestad que nunca han empleado.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado sendas querellas contra todos los miembros del Gobierno catalán y de la Mesa del Parlamento autonómico, a quienes atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya ha iniciado la investigación, al admitir a trámite las querellas. Esto abre un proceso penal que podría llevar a los 19 gobernantes catalanes investigados a prisión, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell . El Ministerio Público les acusa de desobedecer al Tribunal Constitucional, al impulsar el referéndum, y de despilfarrar dinero público para un fin ilegal.

Para evitar males inmediatos y la comisión de delitos, la Fiscalía pidió en su querella una serie de medidas cautelares , como el cierre de las páginas web que fomentan el referéndum o la prohibición a los medios públicos catalanes de que inserten en sus espacios propaganda del 1 de octubre. También solicitó que se establezca una fianza o se embarguen bienes de los querellados, para asegurar el pago de una hipotética responsabilidad civil si son condenados en un hipotético futuro juicio.

La Fiscalía de Cataluña, siguiendo órdenes de la Fiscalía General del Estado, ha dado instrucciones a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil para que indaguen e investiguen cualquier acto cometido para organizar o celebrar el referéndum ilegal, ya sea cometido por las autoridades, funcionarios públicos o particulares. Los agentes deben además requisar cualquier elemento empleado para ello, como urnas, sobres o papeletas, pues ellos son el material del delito.

Para impedir su colaboración, las Fiscalías de las provincias catalanas han recibido la orden de investigar a los alcaldes que han anunciado su colaboración con la organización del 1-O . La Policía Judicial les citará para interrogarles como imputados y los Mossos deberán arrestarles en caso de que se nieguen a comparecer ante la Justicia. Los regidores de la Asociación de Municipios por la Independencia han firmado un decreto para prestar espacios públicos para facilitar el voto en las urnas.