Vox pide las actas sobre Casero al Congreso y pone en marcha su recurso ante el TC

La solicitud aparece firmada por la portavoz adjunta del grupo en el Congreso, Macarena Olona , y se fundamenta en que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet , aseguró ante el pleno que el cambio de voto solicitado por el parlamentario popular incumbía a la Mesa y que ésta no solo era «conocedora» del mismo sino que lo había «podido analizar».

Pese a esa afirmación de Batet, esa reunión nunca existió y Olona pretende que el certificado que solicita a Gutiérrez Vicén así lo acredite. «La presente solicitud es imprescindible para que los miembros que conforman el Grupo Parlamentario Vox puedan ejercer plenamente ante el Tribunal Constitucional sus derechos reconocidos en el artículo 23 de la Constitución», advierte el escrito.

El partido de Abascal comienza así a armar su recurso ante el TC ya que la presidenta de la Cámara debería haber convocado automáticamente una reunión de la Mesa tras recibir la petición de Casero. No en vano, este órgano es el que tiene la competencia para analizar las solicitudes sobre el voto telemático.

El rechazo unilateral de la política catalana será la base sobre la que el grupo de Abascal edificará su recurso. En contra de Batet juega no solo que afirmara que la Mesa había analizado la cuestión cuando no era verdad sino que reconociera ante el hemiciclo que la potestad para decidir era de este órgano.

«Es una cuestión técnica de la Mesa, de decisión de la Mesa, y no de tratamiento de pleno», argumentó la presidenta del Congreso cuando la portavoz popular, Cuca Gamarra , pidió la palabra para protestar porque no se hubiera permitido a Casero cambiar su voto telemático por uno presencial.

Una semana después de la polémica convalidación, Batet sigue optando por el silencio y no ha resuelto las alegaciones presentados por los populares. Una actitud que abona la tesis de que no ha encontrado un soporte jurídico sólido para sus decisiones del pasado jueves. A ello se unen las distintas versiones que ella misma o Presidencia ha ofrecido durante todos estos días y que se han demostrado sin anclaje real o jurídico.

A la antes citada de que la Mesa había analizado la petición de Casero, siguió la afirmación de que la regulación del voto telemático de 2012 quedó anulada durante la pandemia por dos instrucciones de 2020 y 2021 que generalizaban el voto a distancia. Sin embargo, estas notas fueron aprobadas «sin perjuicio» de la normativa vigente. Es decir, que nunca dejaron sin efecto a la anterior.

De hecho, la autorización que Casero recibió para votar telemáticamente señala que el proceso se llevaría a cabo según «los términos previstos» en la regulación de 2012. Esta normativa deposita en la Mesa el poder de autorizar que un diputado cambie un voto telemático emitido por uno presencial. También establece un chequeo telefónico posterior a la emisión del voto telemático.