La juez Lamela apoya que todas las causas del 1-O se acumulen

Entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles», por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, «sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

La hoja de ruta secesionista, dice Lamela, pasaba por un marco legislativo inconstitucional , la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Para la juez, dentro de esa estrategia coordinada, y para asegurar el éxito del proceso hacia la independencia, jugaban un papel esencial los Mossos d’ Esquadra. «Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria» de este cuerpo, integrado por más de 17.000 efectivos armados, «con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban».

La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, «en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».