El juez imputa al exgerente de TV3 por el 3 por ciento de Convergència

En el auto, el juez alude a las instrucciones «expresas y directas» de Gordó, quien solicitó a Carbó que abonara a Joan Manuel Parra -administrador de la mercantil Hispart, una empresa especializada en producción audiovisual- la deuda derivada de la organización y producción de dicha campaña.

Carbó era en ese momento el representante de la empresa Triacom, que actuaría como pantalla de la operación. «Carbó y Parra mantenían una reunión o conversación justo antes del libramiento de cada factura», señala el juez, que añade que este encuentro se producía «para que el primero dictara al segundo el concepto concreto que debía hacer constar en cada factura».

El concepto solía estar vinculado a supuestas -«y obviamente inexistentes», según el instructor- colaboraciones de Hispart en producciones de Triacom para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales , un ente público que depende la Generalitat.

«Se produce una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual. Existen indicios para considerar que la empresa Triacom Audiovisual, y en particular su representante o alto ejecutivo, Oriol Carbó Seriñana, siguió las instrucciones expecíficas de Germá Gordó», explica el auto del magistrado, fechado el 5 de agosto.

El magistrado, que ha citado a Carbó el 10 de septiembre a las 10 horas, cifra en 750.000 euros el dinero abonado por la empresa que gestionó Carbo a Hispart, «en beneficio de CDC».

En la operación investigada, Parra llegó a reunirse con Gordo porque Carbó dejó de pagar las facturas, según los investigadores. El encuentro resultó y los pagos se culminaron.

Por todo ello, De la Mata considera «pertinente, necesaria y proporcionada» la declaración del exgerente de TV3 como imputado, una diligencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. El juez acuerda solicitar a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales los contratos que haya suscrito con Triacom y con Carbó o cualquier empresa ligada a él.

En esta causa, el magistrado De la Mata trata de atar los cabos de los métodos empleados por Convergència para financiarse supuestamente de forma ilegal. El juez ha acumulado indicios de que los antiguos altos cargos nacionalistas «alteraron» todo tipo de adjudicaciones públicas para favorecer a los empresarios que les nutrían con fondos por la puerta de atrás. De la Mata sospecha de un total de 28 licitaciones, por un importe conjunto de 175 millones, y cree que un millón de euros de las mordidas culminaron en las arcas de Convergència, que se rebautizó como el PDECat para tratar de desligarse de su antigua marca .