La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanquear dinero del narcotráfico

El auto, notificado este viernes, enfila al banquillo a Boye, que también representa al fugado presidente de la Generalitat de Cataluña Carlos Puigdemont, por un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal , procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

El auto de la magistrada explica cómo en una de las operaciones realizadas por correos humanos que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia fue interceptado por la Policía. El 6 de febrero de 2017 varios de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.

Ante esa aprehensión, dos de los procesados, García Arango y Puentes Saavedra iniciaron acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco. En este contexto, se reunieron con Prado Bugallo, cerebro de las operaciones que describe la instructora, y con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán en un encuentro que se saldó con el acuerdo de que ellos dos consiguiesen los documentos para justificar la legalidad de ese dinero.

La magistrada expone que los letrados les informaron en concreto de que presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio de acuerdo con los cuales, otro de los procesados, González Rubio, las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas.

Según la juez, ese supuesto negocio «no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía».

La juez concluye que los abogados «Boye Tuset, Morán Castro y Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de dichas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial, diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que González Rubio había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».

El auto recuerda que por estos hechos, el 17 de octubre de 2017, la Secretaría General del Tesoro impuso a González Rubio y a cada uno de los demás investigados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales. Ahora, procesa a los tres abogados por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico , en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Antidroga, se inició en febrero de 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo una condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública y disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.

La juez indica que su actividad continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica y la infraestructura personal necesaria.

Habla en concreto de «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad». Le impone, como a otros 25 procesados, 131,5 millones de euros de fianza.

El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico, conforme explica la instructora.

A lo largo de las pesquisas, se han identificado dos operaciones concretas a través de las que Miñanco y ese entramado pretendían introducir enormes cantidades de cocaína en España. Fueron las correspondientes a la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3.3 toneladas de cocaína y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.

Además de estas dos operaciones la juez señala que hasta el momento de su detención, en febrero de 2018, Prado Bugallo mantuvo la planificación y ejecución constante de otras operaciones de introducción, distribución y venta de droga.

Uno de los investigados, Manuel Pedro González Rubio, tirador profesional, resulta procesado además por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones puesto que cuando iba ser detenido, el 5 de febrero de 2018, disparó nueve veces contra los agentes de la Guardia Civil, hiriendo a dos de ellos. «Únicamente cesó en su acción cuando se acabó la munición del arma con la que disparaba», explica el auto.

A lo largo de las 72 páginas, la magistrada incluye la estructura societaria atribuida a Prado Bugallo. Las propiedades estaban a nombre de terceros pero, según la juez, «el único titular real y efectivo» era Sito Miñanco. Así, el auto incluye inmuebles y numerosos vehículos que utilizaban los miembros de la organización para no ser detectados por la Policía. También se explica la función de los Astilleros Facho S.L. , como centro logístico para construir las embarcaciones que usaban y, al mismo tiempo, el astillero servía como instrumento para ocultar los beneficios de la droga.

El auto detalla los inmuebles en Galicia donde se reunían los miembros de la organización y explica la función de otras mercantiles que servían al entramado para ocultar los beneficios generados por la venta de la droga. Además de la vía de las mercantiles de Sito Miñanco, la organización utilizaba empresas de terceros que le prestaban sus servicios.

La tercera vía que utilizaba la organización para ocultar los beneficios de la venta de la droga era a través de transportes de dinero, realizado por los propios miembros de la organización «para alimentar los ingresos de sus empresas, ocultar así el dinero producto de la venta de la droga, bien otros transportes de efectivo coordinados con Manuel Puente Saavedra con el fin último de ocultar el dinero en Colombia, haciendo uso de correos humanos».