El juez declara secreta la declaración sobre terrorismo del Pollo Carvajal, que sigue como testigo

Según informan en fuentes jurídicas, Carvajal, que acudía para colaborar con la justicia en relación a los vínculos entre ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, como adelantó este diario, no ha resultado imputado por cuenta de las declaraciones en este primer momento, es decir, no se ha incriminado o al menos no en nada lo suficientemente evidente como para que, sobre la marcha, se dirigiesen actuaciones contra él. No obstante, volverá a ser llamado para ampliar la declaración, de acuerdo a las mismas fuentes.

La clave es si el magistrado considera que las revelaciones de Carvajal son de relevancia suficiente como para reabrir alguna causa dormida en la Audiencia Nacional, como precisamente la que investigaba hasta 2010 los vínculos de ETA con las FARC y Venezuela, o para incoar un procedimiento nuevo.

Está por ver, desde este punto de vista, si paraliza o ralentiza de algún modo el proceso de extradición a Estados Unidos, que sigue congelado por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en tanto se resuelve definitivamente la petición de asilo, desestimada en 2019 pero que no se había notificado hasta ahora.

En declaraciones a los medios, la letrada de Carvajal, María Dolores Argüelles, ha incidido en que él «confía en la justicia española» y así, en que el tribunal esperará a que se agote la vía del recurso para reanudar la extradición, en caso de que finalmente, no se le conceda protección internacional.

Conforme ha destacado, su cliente no tiene inconveniente en ser juzgado por los hechos que le imputa la justicia estadounidense, narcotráfico en colaboración con organización terrorista, pero quiere hacerlo «en un lugar donde pueda defenderse, no donde tenga que declararse culpable». Reclama así un tribunal con garantías que, dice, no va a encontrar en suelo estadounidense.

Asimismo, preguntada en relación a la carta que Carvajal remitió en exclusiva a ABC revelando que permaneció en España durante el año y diez meses que duró su huída, la letrada ha refrendado que en ese plazo estuvo «recabando información» para su defensa frente a Estados Unidos y ha incidido en que, en todo caso, de cara a la justicia española «no tiene ningún delito» ni ninguna causa pendiente, tampoco por haberse fugado.