El juez del caso Dina informa al CGPJ de la «campaña de desprestigio» que amplifican miembros del Gobierno

«Se está difundiendo la idea de que la exposición razonada no es fruto de la convicción jurídica de este Magistrado, expuesta con minuciosidad y esfuerzo argumental a lo largo del escrito, sino el resultado de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una determinada organización política», explica el instructor al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

«Estos mensajes son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan intencionadamente en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional», denuncia.

En su escrito, expone que «se ha puesto en marcha una campaña pública en medios de comunicación y redes sociales exclusivamente encaminada» lograr ese desprestigio de su persona con el objetivo de «restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos» al pedir la imputación de Iglesias por tres delitos en el caso Dina, además de «intimidar y condicionar la decisión de aquellos magistrados que puedan adoptar decisiones que afecten a los autores de esta misma campaña».

«En 42 años de ejercicio profesional, y habiendo tratado asuntos de diversa naturaleza, este Magistrado no se ha visto nunca sometido a una campaña de difamación personal y profesional de esta dimensión y a este nivel », denuncia, para incidir en que si bien su juzgado lleva asuntos que afectan a personas de muy distinto signo, no se ha producido «en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento».

García Castellón, que ya ha puesto en conocimiento de las fuerzas policiales las amenazas incluso de muerte y los insultos que están vertiendo diversos individuos en redes sociales en tanto que constitutivos de posibles delitos de amenazas o delitos de odio, pide ahora protección al órgano de Gobierno de los jueces y adjunta a modo de ejemplo, algunos de los mensajes repicados en redes estos días, como el que dice que la solución es «cocerle», otro que le llama prevaricador o un tercero según el cual, «hablar de agredirle» es «la mejor solución».