Juego de nervios a cuenta de la presencia de Sánchez en la mesa de diálogo

Para el Gobierno de España la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña fue un precio necesario para lograr los votos de ERC de cara a la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020. Y del mismo modo sigue siendo importante para el Ejecutivo en tanto que esos escaños siguen siendo imprescindibles para la superioridad parlamentaria del bloque que sostiene al Gobierno. Pero al margen de esa necesidad, ese artificio nunca ha sido un plato de buen gusto para los socialistas. Un órgano al margen de los parlamentos y de la comisión bilateral prevista en el Estatut. Y centrado exclusivamente en abordar «el conflicto político». Con posturas imposibles de conciliar salvo claudicación de una de las partes.

Un asunto espinoso. Al que está obligado . Pero un trago por el que no le gustaría tener que pasar, convencido de que los órganos vigentes y su voluntad de acercamiento al independentismo, indultos y transferencias mediantes, son ya más que suficiente muestra de su apuesta por el «reencuentro». Pero un órgano al margen de los canales institucionales en el que el independentismo solo quiere hablar de amnistía y autodeterminación es algo que ahora mismo no le interesa en absoluto al Gobierno, preocupado en trasladar la idea de que ese conflicto se ha desinflamado. Y ocupado en llenar el espacio político y mediático con las cuestiones sociales y económicas.

La reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès del pasado mes de julio estableció un límite temporal. La mesa debía reunirse en la semana que arranca el 13 de septiembre. Fuentes del Gobierno confirman que se trabaja en la preparación de esa reunión para la próxima semana .

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó aclarar ayer si Pedro Sánchez participará en la mesa de diálogo. Pese a que se le transmitió la pregunta en reiteradas ocasiones. La estrategia del Ejecutivo es no jugar esa carta todavía. Si Aragonès acude y Sánchez no , la lectura en el mundo independentista será nítida en contra de la voluntad del Gobierno de dialogar. Pero el Gobierno defiende a su vez que Sánchez ya presidió la primera reunión. Desde la Generalitat se recuerda que la reunión de la próxima semana no es la continuación o segunda parte de la que presidieron en febrero de 2020 Sánchez y Quim Torra en Madrid, con lo que la ausencia de los presidentes, nuevo en la parte catalana, ni se contempla. Esta es la posición de partida, cuestión distinta es que se tiene bien asumido en el ejecutivo de Aragonès que Sánchez va a hacer lo posible por dejar la carpeta catalana en un segundo plano.

Lo cierto es que ha pasado más de año y medio desde esa foto. Y muchos de los llamados por el Gobierno a ocupar asiento en esa mesa ya no son ministros: ni Carmen Calvo, ni José Luis Ábalos, ni Pablo Iglesias, ni Salvador Illa. Mientras el Gobierno sigue dilatando la decisión sobre la presencia de Sánchez, el enojo en la parte catalana crece. Ayer mismo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, reiteraba la postura del Ejecutivo que preside Pere Aragonès . «No hay ninguna justificación» que impida a Sánchez asistir a la citada mesa, se insiste desde Barcelona.

En el seno del Govern, más en concreto en ERC, la posibilidad de que Sánchez no asista sería visto como un desprecio , una afrenta para los republicanos de difícil digestión, más cuando sus socios de Junts y el independentismo más ultra llevan todo el verano martilleando con lo que consideran una foro de diálogo inútil, en el que no creen y que consideran que solo sirve para refrendar la estrategia apaciguadora de Junqueras y compañía. Ayer mismo desde Junts se calificaba de «menosprecio» la reticencia de Sánchez a confirmar su asistencia.

El objetivo, compartido en un lado y otro es ganar tiempo, dilatar los plazos, y los republicanos ya mentalizan a los suyos para una negociación larga. Hasta qué punto ERC usará el botón nuclear de un voto negativo a los Presupuestos Generales ante la previsible ausencia de resultados en la mesa de la semana que viene es probablemente la pregunta central del próximo curso político. Pero en el Gobierno no tienen ningún temor. «Hay voluntad de ambas partes de que la legislatura se agote», dicen.