Los jueces instan al Gobierno a impedir que se apruebe el informe que lamina al Poder Judicial español

En un comunicado al que ha tenido acceso ABC, las mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, junto con Foro Judicial Independiente, instan también a los partidos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa para que en el debate de la aprobación del mencionado texto, «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España».

Por último, se dirigen al Consejo General del Poder Judicial, como órgano concernido por el proyecto de declaración, en cuanto garante de la independencia judicial que se pone en entredicho, para que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, «denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que el mismo contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos».

«Hemos tenido conocimiento de que el próximo día 21 de junio de 2021 se somete a la consideración de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa un proyecto de resolución, aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea, que viene a reprobar que los políticos sean enjuiciados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones», comienza la nota. «Aun compartiendo el objetivo que declara el proyecto, pues nos merece pleno rechazo que los políticos, y, añadiremos, cualquier ciudadano, pueda resultar perseguido por exteriorizar sus opiniones políticas, nos parece necesario efectuar unas precisiones al texto que se propone, en cuanto que se realizan afirmaciones que ponen en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

Señalan los jueces que el texto sugiere una equiparación entre la situación de España y de Turquía, «países cuyos regímenes políticos y situación del Estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido».

Después, añaden, se presenta la actuación de determinadas personas condenadas por delito de sedición como una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político , «desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos, que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter».

El proyecto da por sentados hechos y situaciones cuya realidad se presupone y que divergen, dicen, de los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo , en los términos del artículo 6 del Convenido Europeo de Derechos Humanos. La sentencia del Tribunal Supremo ha sido refrendada a su vez, por el Tribunal Constitucional, que «ratificó sus fundamentos y la ausencia de lesión al derecho de libertad de expresión e ideológica, que se da por supuesto en el proyecto de declaración».

«El proyecto, en suma, asume y hace suyas unas posiciones que son las que, desde el inicio del proceso, sostuvieron los políticos catalanes condenados como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles, en previsión de la condena que vislumbraban segura». A su juicio, esto «no se compadece en absoluto con la realidad de la situación judicial en España de la que se han hecho eco los organismos internacionales encargados de testar la calidad democrática de las instituciones».

Las asociaciones judiciales sostienen que se está poniendo en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, «insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos». Esto constituye «una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías».

«En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto. Todo lo contrario, hasta el punto de que las asociaciones firmantes, en defensa de la independencia judicial, hemos acudido a la Comisión Europea para alertar, precisamente, del riesgo que determinadas reformas legislativas podían suponer para la separación de poderes y el respeto a la independencia judicial».

El comunicado señala, además, que « los órganos judiciales españoles constituyen la más eficaz garantía de las libertades y aseguran la convivencia pacífica de los ciudadanos en el marco de la legalidad, por encima de subjetivas consideraciones de legitimidad ideológica que se pretenden imponer al margen del marco de convivencia, incluso a quienes no estén conformes con las mismas, pues como se señala en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019: «Cuando se invaden espacios acotados por normas penales mediante actuaciones animadas por un deseo, no solo de exteriorizar las disidencias, que puede estar fundada en convicciones profundas, sino también de lograr la modificación de la legalidad, se ha asumir que el mismo ordenamiento reaccione con los resortes previstos como autodefensa frente a vías, no ya carentes de cobertura, sino en abierta oposición y rebeldía frente a la legalidad».