Los jueces Eloy Velasco y Enrique López se disputan una plaza en la Sala Penal del Supremo

Junto con López y Velasco (el primero, exmagistrado del TC y recusado recientemente para juzgar el caso Gürtel por su afinidad con el PP, y el segundo, instructor, entre otras causa, de la Púnica ), concurren a la plaza vacante en la Sala Penal del Supremo otros tres magistrados. Se trata del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y hasta noviembre presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena; el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, José Jaime Tapia, y el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Leopoldo Puente.

Esos cinco candidatos son los únicos que, según un informe emitido por el Gabinete Técnico del órgano de gobierno de los jueces, cumplen el requisito, establecido en la convocatoria, de «haber accedido a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal o haberlas superado ostentando esta categoría».

Según una nota difundida por el órgano de gobierno de los jueces, el resto de los aspirantes no reúne ese requisito, ya que aunque algunos de ellos superaron en su día el proceso selectivo para el reconocimiento de la condición de magistrado especialista en el orden jurisdiccional penal convocado por acuerdo del Pleno del CGPJ de 30 de junio de 2011, los preceptos reglamentarios en los que se fundamentaba la convocatoria fueron anulados por el Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de julio de 2013.

El acuerdo de la Permanente ha contado con el voto en contra del vocal Álvaro Cuesta, partidario de incluir en la terna también a los magistrados que superaron el citado proceso selectivo.

La segunda plaza cuya terna aprobó ayer la Comisión Permanente, la de la Sala Tercera, corresponde al turno de especialistas, y a ella optan el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid Santiago De Andrés; los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Fernando De Mateo, Juan Pedro Quintana y Fernando Román, y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía Rafael Toledano.

En este caso el acuerdo de la Permanente contó con el voto en contra de la vocal Nuria Díaz Abad, partidaria de que el Gabinete Técnico emita un informe sobre si el tiempo que algunos de los candidatos han estado en la situación de servicios especiales o en régimen de comisión de servicios computa como servicios efectivos en el orden contencioso-administrativo. Es el caso, por ejemplo, de Fernando Román, secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruiz-Gallardón. Una sentencia de la Sala Tercera del Supremo de 6 de noviembre de 2015 estableció que el tiempo durante el que se haya ejercido una comisión de servicios en destinos no jurisdiccionales no puede computarse como servicios prestados en un órgano jurisdiccional.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, remitió el pasado 8 de enero un escrito al Secretario General del CGPJ comunicando su decisión de abstenerse de participar en este proceso selectivo por razón de su amistad con Román.