¿Inmigrantes o refugiados? Las ventajas de ejercer el derecho de asilo

Tras su llegada a los muelles españoles, casi la totalidad de los pasajeros del Aquarius decidieron firmar su petición de asilo tras ser sometidos al protocolo de Extranjería. En este contexto se les mostró un nuevo sendero después de que el propio Emmanuel Macron abriese las puertas a una colaboración con España en la acogida de los inmigrantes, argumentando razones humanitarias. Cerca de la mitad de ellos decidieron en este momento solicitar el derecho de asilo en Francia en vez de en nuestro país.

A pesar de ello, la estadística demuestra que, aplicando la ley a rajatabla, es poco probable que el Gobierno conceda el estatus de refugiado a un gran número de los inmigrantes implicados en esta crisis migratoria. En 2017 se presentaron en España 31.738 peticiones y únicamente consiguieron asilo 626 (1,9%) . Debido a ello, la presidenta de la sección de extranjería y derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Rebeca Lino, reconoce que «no cree» que se les vaya a conceder el derecho de asilo pero sostiene que estos sí podrían llegar a solicitar permiso de residencia «por razones humanitarias». Cabe destacar que, entre los años 2016 y 2017, no se concedió ningún permiso de estas características.

Con todo ello, qué condición les corresponde a los pasajeros del Aquarius, ¿inmigrantes o refugiados?, ¿qué beneficios o perjuicios les conllevaría recibir un estatus u otro? , ¿existe alguna distinción en el caso de que procesen la petición de asilo en Francia en vez de en España?.

La principal distinción entre refugiados e inmigrantes radica en el ejercicio del derecho de asilo. Los refugiados son a su vez inmigrantes , mientras que estos últimos no siempre han de ser considerados como refugiados. Si bien comunmente se conoce a los refugiados como aquellos que escapan de una guerra , jurídicamente serán aquellos a los que se les concede el derecho de asilo. Estas situaciones están reguladas además de en la legislación española y europea , en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967.

A pesar de que todo extranjero no comunitario puede solicitar el asilo, este sólo se condece por una serie de causas tasadas. Aquellas personas que huyen de sus países «para salvar sus vidas o preservar su libertad», debido a una guerra o conflicto armado. En otro caso, podrán obtener la condición de refugiados aquellos que son perseguidos en sus Estados «por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas».

Es decir, las personas que salen de su país por pobreza o motivos económicos (en busca de un trabajo en el exterior) no pueden ser considerados refugiados, tan sólo inmigrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a este colectivo como personas que emigran como resultado de una decisión tomada libremente y por «conveniencia personal» . De igual manera, hay que diferenciar entre migrantes documentados, que se mueven con un contrato laboral o para visitar familiares, e indocumentados o «sin papeles», que entran de forma ilegal o no regresan a su región de origen al término del plazo de asilo.

Esta es la diferencia real entre un refugiado y un inmigrante, el motivo por el que abandonan su país de residencia . Después de que casi la totalidad de los pasajeros del Aquarius decidiesen solicitar el derecho de asilo, ahora le corresponde al Ministerio de Interior estudiar cada caso particular y determinar cuáles admite a trámite. Durante todo este proceso los inmigrantes del Aquarius tendrán la consideración de acogidos.

Debido a ello, tal y como explica Rebeca Lino, el Gobierno debe estudiar cada caso en particular . «Se les hace una entrevista en la que les hacen preguntas del tipo: "¿Por qué huyes o sales de tu país? ¿Que pasaría si vuelves?"», resume la presidenta de la sección de extranjería y derechos Humanos del Colegio de Valencia, quien recuerda que la duración del trámite dependerá de «la complejidad del sujeto».

En el caso de que se deniegue la solicitud, el inmigrante puede ser enviado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o recibir la orden de expulsión inmediata, lo que conllevará la obligación de abandonar España en un plazo de 15 días. Por el contrario, si es aceptada, el solicitante iniciará un proceso que durará entre 18 y 24 meses en el que podrá acceder a prestaciones, como ayudas económicas , alojamiento o atención sanitaria. Además, Lino recalca que, tras recibir la documentación de residencia para los primeros seis meses, los inmigrantes también contarán con autorización para trabajar, contarán con derecho a los CAR (Centros de Ayuda a Refugiados), se facilitará su adaptación lingüística y se permitirá la escolarización para los menores de edad.

Durante los primeros seis meses, mientras se resuelve su situación legal, las personas tramitadas son acogidas en centros gubernamentales u ONG. El siguiente medio año pasan a una fase en la que se mantienen las ayudas a la par que se les orienta para lograr empleo . Finalmente, en los siguientes seis meses pueden comenzar a vivir de forma independiente apoyados aún con unas prestaciones económicas estatales que, con carácter excepcional, se pueden alargar seis meses más, de forma que podrían recibirlas hasta un total de dos años.

Respecto a la opción de solicitar el asilo político en Francia escogida por cerca de la mitad de los pasajeros del Aquarius, la presidenta de la sección de extranjería y derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia asegura que «el derecho de asilo es el mismo aquí que allí» y reconoce que el motivo más posible por el que muchos lo han solicitado en el país galo sea por razones familiares.

La mayoría de los miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez dejaron claro que la ley se aplicará a rajatabla, a pesar de los 45 días de permiso extraordinario que se les ha concedido. Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos , sostienen que los recién llegados no rebirán ningún trato diferenciante con respecto a las personas que entran en España por otras vías, por lo que no descartan que puedan acabar en un CIE para posteriormente ser deportados. Sin embargo, esta opción ha sido refutada por otros responsables políticos implicados en la operación, como la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra , quien afirmó que, a pesar de que respetaría la decisión estatal, según su opinión se debía aplicar un criterio de «excepcionalidad» que les permita acogerse al plan de asilo.