El inicio del juicio de Gürtel, pendiente de otra recusación

Una defensa anuncia que podría apartar al juez que decidirá sobre De Prada si tiene vínculos con Garzón

29/09/2016
Actualizado a las 08:19h.

El arranque del juicio del caso Gürtel , previsto para el próximo martes 4 de octubre y pendiente de la recusación de uno de los jueces del tribunal, José Ricardo de Prada , podría verse alterado por una actuación de última hora por parte ... de la defensa de Pablo Crespo. El número dos de la trama anunció ayer su intención de pedir que se aparte también al instructor de la recusación de De Prada -es decir, al magistrado que debe decidir sobre él- si también tiene vínculos con el exjuez Baltasar Garzón. El nombre de ese instructor, que decidirá sobre la admisión a trámite, se conocerá hoy mismo, cuando llegue a la Presidencia de la Sala de lo Penal el expediente del caso.

Conforme a las normas de reparto de esta Sala, todo apunta a que esta función va a recaer en el juez Javier Martínez Lázaro, que instruyó a su vez la recusación de Enrique López , uno de los jueces que fueron apartados de este mismo tribunal por su afinidad con el Partido Popular. Se da la circunstancia de que este magistrado cumpliría una de las condiciones a las que alude la defensa de Crespo en el escrito registrado ayer en la Audiencia Nacional: Martínez Lázaro es, al igual que De Prada, uno de los magistrados que en su día apoyaron «expresa y ostensiblemente» a Garzón cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por escuchas ilegales en Gürtel. Crespo impulsó aquella investigación que provocó su inhabilitación.

Vocal a propuesta del PSOE

Cuando Martínez Lázaro instruyó el incidente para apartar a López aludió a sus vínculos con el PP por el hecho, entre otras circunstancias, de haber sido nombrado vocal del CGPJ a propuesta de este partido. Durante el mismo mandato, de 2001 a 2008, Martínez Lázaro fue también vocal del CGPJ, pero a propuesta del PSOE. Responsable, entre otros, de la polémica excarcelación de los históricos etarras Jesús María Uribetxeberría - el secuestrador de José Antonio Ortega Lara - y Santiago Arróspide, «Santi Potros», es una de los jueces que no vio delito en la quema de fotos del Rey.

Que se acepte estudiar alguna de estas dos recusaciones abriría un proceso en el que las partes y la Fiscalía tendrían que posicionarse y proponer pruebas para analizar la situación. El juez instructor ordenaría en ese caso que se practique la prueba necesaria en un plazo de 10 días; después, el pleno de la Sala Penal resolvería. Cabe también la posibilidad de que una recusación se inadmita de plano, con lo que el calendario del juicio se mantendría.

Esta vista enjuiciará las actividades de la trama entre 1999 y 2005 en municipios madrileños y Estepona, y las autonomías de Madrid y Castilla y León.