Independentistas y comunes retan al Supremo al llevar a votación el auto de Llarena

La Comisión del Estatuto de los Diputados aprobó ayer elevar al pleno del Parlamento catalán el dictame n presentado por Junts per Catalunya (JpC) y ERC en relación a cómo aplicar el auto del Tribunal Supremo que estableció, el pasado 9 de julio, que seis de los siete diputados acusados de rebelión quedaban «suspendidos automáticamente (...) en las funciones y cargos públicos que estaban desempeñando». El dictamen propone que se vote, primero, sobre si se suspende a los afectados (Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull) y, después, si estos «designan» a otros diputados para ejercer sus derechos (el del voto, principalmente).

Sin embargo, el debate de fondo que plantean Cs, el PSC y el PP es que en el auto del magistrado del Supremo se establece que es la Mesa del Parlamento autonómico, y no el pleno, quien debe «adoptar las medidas precisas para la plena efectividad de la previsión legal». Por lo que consideran ilegal que el pleno vaya a votar si se suspende, o no, a los afectados por el auto judicial; y creen que es una estrategia, sobre todo, de Roger Torrent (ERC), presidente de la Mesa, para evitar posibles responsabilidades penales.

Aunque la Mesa no ha adoptado ninguna decisión al respecto, los funcionarios ya están actuando como si los seis diputados estuvieran suspendidos ya que no están cobrando sueldo alguno. Además, el secretario general, Xavier Muro, dejó claro ayer mismo, en la reunión de la Junta de Portavoces, que ninguno de ellos podrá votar en el pleno del martes en aplicación del auto judicial, según apuntaron varias fuentes a ABC.

A esta situación de desorientación total hay que sumar que JpC y ERC no tienen asegurada la aprobación del dictamen, que se votará en un pleno el martes a las 12.00 horas, el mismo día en que, por la tarde, dará inicio el Debate de Política General.

El desbarajuste en la tramitación del dictamen quedó en evidencia, este viernes, cuando en la Comisión del Estatuto de los Diputados , a pregunta de Alícia Romero (PSC), el letrado presente en la sesión, Joan Ridao, aseguró que las dos propuestas del dictamen debían ser aprobadas, en la votación del pleno del martes, por mayoría absoluta; es decir, llegar a los 68 escaños. La primera propuesta ( la de la suspensión ) no se aprobará ya que nadie votará a favor –Cs, el PSC y el PP no participarán en la votación–; y la segunda ( la de permitir la delegación designada ) contará con el apoyo de los comunes, por lo que con JpC y ERC se quedarán en 67 escaños (ninguno de los siete diputados fugados o en prisión votará). Así, la CUP, con cuatro escaños, tendrá la clave, otra vez, de una decisión con la que no están de acuerdo, ya que para los antisistema el auto del Tribunal Supremo es papel mojado y consideran que los diputados afectados por el mismo tienen todos los derechos y funciones intactas.

Tras las palabras de Ridao, la maquinaria parlamentaria de JpC y ERC se puso a trabajar y, tras varias reuniones, fuentes de ambos partidos indicaron que, en realidad, en la votación del martes, y para la segunda parte del dictamen, no hará falta la mayoría absoluta sino la simple. Una interpretación que contradice, no solo al letrado Ridao, sino también al propio dictamen presentado por los dos grupos que fija explícitamente que el trámite parlamentario del dictamen se lleva a cabo en cumplimiento del artículo 25.1 del Reglamento del Parlamento catalán, que indica que la suspensión de un diputado debe acordarse por «mayoría asboluta» del pleno.

Mientras tanto, Ciudadanos advirtió ayer que ya trabaja en la presentación de una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que han impedido que sea el máximo órgano de la Cámara el que aplique el auto del juez Llarena, la presidenta y secretaria de la Mesa de la Comisión del Estatuto de los Diputados por tramitar un dictamen que consideran ilegal y, añadió Carlos Carrizosa, portavoz de Cs, contra el letrado Joan Ridao, al considerar que el jurista no guardó «la neutralidad requerida» durante la trámitación del dictamen en la comisión, al no advertir a los miembros de la Mesa y los diputados que no se puede poner a votación un auto judicial. Ridao fue diputado y secretario general de ERC.