La Guardia Civil insinúa que Simón ocultó documentación a la juez del 8-M

El atestado, que supera las 300 páginas entre el análisis y los anexos, amplía el ya presentado a finales de mayo, que recogía, entre otros datos, una relación de las manifestaciones y concentraciones autorizadas en Madrid las dos primeras semanas de marzo y declaraciones de sus promotores que, en algunos casos, desistieron de celebrarlas teniendo permiso tras haber recibido una llamada presuntamente disuasoria de la Delegación del Gobierno relacionada con la emergencia sanitaria. Ahora, la Guardia Civil aporta más entrevistas, así como una batería de noticias de prensa y un análisis de la documentación aportada por el CCAES.

Sobre este asunto, refiere las idas y venidas para recabar de su departamento la información que solicitó la juez Carmen Rodríguez-Medel el 16 de abril, pues si bien «desde el 5 de mayo de 2010 el funcionario del Ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón aseguraba tener la documentación solicitada preparada» para entregarla los días 11 o 12 de mayo a la Guardia Civil, no lo hizo. Tampoco cumplió con su previsión de llamar a los agentes el 20 de mayo y darles los papeles y finalmente, la juez libró «providencia y oficio» para que se personasen en las dependencias del CCAES a recoger los documentos.

Se trata de una batería de informes de situación y correos electrónicos que reflejan el seguimiento que se iba haciendo desde este organismo del avance de la pandemia en otros lugares del mundo y en España. Tras analizar el material, los agentes de la Comandancia de Madrid que elaboran el atestado como Policía Judicial, concluyen que «a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos» .

Los agentes llegan a esta conclusión porque en los correos que les ha entregado el CCAES figuran direcciones en copia, y en concreto la del propio Fernando Simón, de cuya cuenta no se han proporcionado documentos. El informe añade que «no se observa ninguna afirmación por parte del CCAES de que estos sean todos los correos efectuados en el marco de la crisis sanitaria ni tampoco el número total de cuentas de correo existentes en el CCAES desde las que se pudieran efectuar comunicados relativos a lo solicitado».

«A esta cuestión hay que añadir que desde la dirección del CCAES se refiere que se incluye 'la información localizada hasta la fecha' participando que 'cualquier otra documentación que se identifique de interés de aquí en adelante se pondrá en conocimiento'», prosigue el atestado. Para los agentes, «esto arroja una sensación de incertidumbre para esta Instrucción porque deja la posibilidad de identificar posteriormente documentación adicional de interés» . Es más, creen que esta «imprecisión» hace «que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones durante un periodo de tiempo acotado».

En todo caso, con el material analizado sí llegan a conclusiones. Los guardias civiles autores del informe aseguran que «el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus» y que a principios de febrero ya se tenía constancia de la entrada del virus en nuestro país, «siendo este aspecto -dice en atestado-, muy relevante ya que la epidemia habría saltado la frontera de varios países e incluso continentes» en esas fechas.

Prueba de ese conocimiento, según los investigadores, es que en febrero «se incorporan las primeras medidas de contención del brote (...) entre las que destaca el evitar los lugares de aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte en hora punta, como medida de precaución adicional». El CCAES asegura que desde este organismo «no se ha efectuado envío de documentación alguna a la Delegación del Gobierno en Madrid en el marco de la crisis» del coronavirus.

En el informe se recogen además numerosas noticias de medios de comunicación para que se pueda establecer una relación entre lo que se sabía por los informes y las declaraciones públicas de los responsables de gestionar la crisis. Así, el 31 de enero , cuando según la Policía Judicial de la Guardia Civil el Gobierno ya conocía el alcance de la crisis, Fernando Simón aseguraba que «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado» y añadía que no se esperaba que hubiera una «transmisión local, y en ese caso muy limitada y muy controlada».

El 12 de febrero, cuando el Gobierno ya sabía que el coronavirus había llegado a España, de nuevo ABC recogía unas declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que afirmaba que «ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales para la celebración de cualquier evento».

Incluye asimismo las declaraciones vertidas por Irene Montero a una periodista en la previa de una entrevista y que reveló ABC en exclusiva el 1 de junio , mismo día en que está fechado el atestado de la Guardia Civil, en línea con ese seguimiento de las informaciones que recogen la postura del Gobierno al respecto.

La juez Carmen Rodriguez-Medel investiga hasta qué punto conocía la Delegación del Gobierno la información disponible que estaría desaconsejado las concentraciones masivas por el avance del coronavirus ante la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del delegado, José Manuel Franco . En este contexto, cobran especial relevancia las testificales que recoge la Guardia Civil de personas que organizaron este tipo de eventos y en algunos casos, los acabaron cancelando. La juez ya ha convocado a más de una docena de testigos sobre este asunto.