El Gobierno tendrá que lidiar con una Generalitat llena de mandos independentistas

La destitución del Ejecutivo de Puigdemont sí conllevará el cese automático de los 153 asesores que están a nómina de la Generalitat y de sus entes, nombrados por el «Govern» de turno. La legislación autonómica catalana establece que el personal eventual –cargos de confianza- cesa en sus puestos cuando se va aquel que los nombró. Y todos esos 153 asesores han sido nombrados por Puigdemont y sus consejeros. Es una norma habitual que rige de forma general en todas las administraciones públicas y que la normativa catalana recoge expresamente: los eventuales (asesores) se van con aquel que les nombró.

El Gobierno central, por tanto, no va a tener que dictar orden alguna de destitución para esos 153 asesores. No le hace falta. El cese de todos ellos es automático en aplicación de la propia ley autonómica catalana. Entre otros efectos, eso desmontará al completo el actual gabinete de prensa de la Generalitat . Si el Gobierno central deseara mantener a alguno de esos 153 asesores, deberá hacerles un nombramiento expreso para que puedan seguir en sus puestos.

Caso distinto al de los asesores es el de los altos cargos de la Generalitat. Es toda una paradoja: los eventuales –de mucho menor rango político- cesan automáticamente con la aplicación del artículo 155 de la Constitución , pero no la enorme lista de altos cargos que copan el segundo nivel de mando de la Generalitat, el situado inmediatamente por debajo del Puigdemont y su gabinete. Son los directores generales, directores de servicios, secretarios generales y secretarios de área en las distintas consejerías. Se trata de puestos estratégicos, eslabones esenciales para trasladar las órdenes del Ejecutivo y hacerlas cumplir por parte de todo el engranaje administrativo catalán. Son puestos, además, generosamente pagados, con sueldos que superan los 80.000 euros brutos anuales, más de lo que cobran los ministros e incluso el presidente del Gobierno de España.

Al margen del presidente y el resto de miembros del Ejecutivo catalán, la Generalitat cuenta con una nutrida nómina de altos cargos: 166 entre los que existen en la Administración autónomica y la veintena colocados al frente de entes dependientes. Todos ellos, de fiel disciplina independentista: ocupar actualmente uno de esos puestos es imposible si no se es de la máxima confianza de Puigdemont, de Junqueras o de sus consejeros.

Al contrario de lo que ocurre con el personal eventual, estos altos cargos no cesan cuando se marchan los jefes que les nombraron. Así que el Gobierno central, si quiere apartarlos de esos decisivos puestos de poder de la Generalitat, tendrá que dictar órdenes expresas de destitución. Y, al menos de momento, no contempla esta opción, excepto en algún caso concreto –por ejemplo la dirección política de los Mossos-. Otra cosa es que se produzca una oleada de dimisiones, algo que sería lógico teniendo en cuenta que esos altos cargos pasan a deber lealtad al gabinete interino al que Rajoy va a poner al frente de la Generalitat, desde los distintos ministerios. Pero el alto cargo independentista que no dimita, seguirá en su puesto mientras no sea destituido por el nuevo gabinete dispuesto por el Ejecutivo central.

Algo parecido ocurre con otros 333 puestos de alta dirección controlados por el Ejecutivo de Puigdemont. Algunos son puestos de perfil técnico, pero otros son de alto significado político. Entre esa larga lista de 333 altos directivos se cuentan los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, de la televisión autonómica, de la radio de la Generalitat y de la Agencia Catalana de Noticias.

En principio, el Gobierno de Rajoy solo prevé alguna destitución concreta, pero no la remoción masiva de esos altos directivos colocados por el gabinete independentista de Puigdemont o mantenidos con el consentimiento de éste. De esos 333 puestos de alta dirección de la Generalitat, la mayoría se concentran en su entramado de empresas públicas y en el Instituto Catalán de la Salud –el ‘hólding’ que agrupa los hospitales y servicios de la Sanidad pública regional-.