La «administración paralela» catalana cuesta 22.000 millones

En plena deriva independentista, e ignorando la creciente asfixia financiera de la Generalitat, Cataluña es la autonomía que tiene el mayor entramado de entes públicos . Y también es la única que ahora tiene una «administración paralela» más grande de la que tenía cuando arrancó la crisis, un entramado que fue creciendo a la par que el Gobierno catalán se convertía en el gran beneficiado por los fondos de rescate financiero concedidos por el Estado -Cataluña ya le debe al Estado más de 50.000 millones de euros, tras cinco años de rescates continuos.

Según los últimos datos certificados por el Tribunal de Cuentas, relativos al año 2014, la Generalitat tenía 182 entes al acabar ese año, un 32 por ciento más que en 2008. En esos mismos años, el resto de autonomías hicieron justo lo contrario: redujeron sus «administraciones paralelas» en casi un 30 por ciento. Cataluña, sin embargo, en el año 2008 tenía 44 entes más que en 2007; el resto de autonomías, en su conjunto, habían eliminado 400 en el mismo período.

El ímpetu puesto por la Generalitat para multiplicar su «administración paralela» durante esos años arrancó con el socialista José Montilla y lo siguió alimentando su sucesor, Artur Mas . La extinta CiU siguió fomentando la creación de más entes públicos de lo más variado, hasta el punto de que la Generalitat llegó a tener 238 en 2011 . Después, la creciente asfixia financiera en la que está sumido el Gobierno catalán le llevó a aligerar aquella enorme lista de organismos, sociedades y fundaciones. Pero, aún así, fue un recorte liviano si se tiene en cuenta la dimensión de la «administración paralela» de la Generalitat, que es -con mucha diferencia- la mayor de entre todos los gobiernos autonómicos.

Cuando la crisis cayó a plomo hasta el punto de situar al borde del precipicio las cuentas del sector público español, el Gobierno central alentó a las autonomías a recortar estructuras , reducir su entramado de entes públicos, poner orden en sus gastos y reducir costes. Todas acabaron por recortar sus «administraciones paralelas», excepto Cataluña. Frente a ese 32 por ciento más de entes que sumó la Generalitat entre 2008 y 2014, Baleares se desprendió del 65 por ciento, la Comunidad Valenciana del 52 por ciento, Murcia eliminó la mitad de los que tenía, Castilla-La Mancha fulminó el 42 por ciento, Cantabria un 30 por ciento, la Comunidad de Madrid un 28 por ciento, otro tanto Galicia, un 22 por ciento Aragón, un 11,5 por ciento Andalucía… Asturias, Extremadura y Canarias fueron las que menos adelgazaron sus «administraciones paralelas», y aún así las recortaron, respectivamente, en un 9,7, un 6,6 y un 2,2 por ciento.

El Gobierno catalán no solo es el que suma una mayor entramado de organismos y empresas públicas, sino también el que más dinero maneja en esos aledaños de su sector público. De cada diez euros que controla la Generalitat, seis pasan por las manos de su «administración paralela» . Esa larga lista de entes mueve del orden de 22.000 millones anuales, según el presupuesto aprobado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont para el presente ejercicio. De esos 22.000 millones, unos 8.500 los maneja el Servicio Catalán de Salud, que tiene la condición jurídica de hólding empresarial público; los 13.500 millones restantes es la suma del presupuesto anual de una veintena de organismos autónomos, más de 70 entes y empresas públicas, 35 fundaciones y 50 consorcios, todos ellos controlados política y económicamente por el Gobierno catalán.

Se trata de un entramado en el que los colocados a sueldo se cuentan por muchos miles: para costear la nutrida plantilla de esa «administración paralela», la Generalitat reserva anualmente más de 4.300 millones de euros, con los que poder pagar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social. A ellos se añaden otros 5.592 millones para gastos de personal de la Administración autonómica , incluidos los cargos políticos del Gobierno catalán y del Parlament.