El Gobierno da por superada la crisis en Cataluña pero no convence a la Generalitat sobre Pegasus

La intervención de la consejera catalana dejó poco lugar a la duda sobre que sus reivindicaciones de máximos están lejos de orillarse. No hay deshielo, en definitiva, aunque el independentismo se agarra al Ejecutivo de Pedro Sánchez como mal menor. «No hay motivos para hablar de una descongelación o normalización [de las relaciones]», señaló Vilagrà, que insistió en que para que se avance se deben concretar medidas para «acabar con la represión» a los independentistas.

No concretó más, pero sí apuntó que los pasos del Gobierno deben ir en la dirección de modificar el Código Penal para despenalizar la sedición y la rebelión, reformar el Tribunal de Cuentas para que no pueda actuar como hasta la fecha, frenar los nuevos procesos judiciales que implican a los independentistas y poner fin a las euroórdenes que afectan a los fugados del ‘procés’. Unos pasos que, según auguró, darán frutos en breve: «Espero que haya resultados en semanas y luego podremos abrir otra etapa».

Con estas exigencias sobre la mesa, Bolaños insistió en hablar de una situación «muy distinta a la de 2018» que permitirá, dijo, sentar las bases para «el reencuentro de Cataluña con el resto de España y también el reencuentro entre catalanes de distintas sensibilidades». Para ello, desgranó datos del aumento en inversiones en Cataluña en 2022 que, anunció, se consolidarán en los Presupuestos del año que viene. E informó de que ambas administraciones trabajan ya en cuadrar las agendas de Sánchez y Aragonés para un próximo encuentro bilateral, que se celebrará antes del verano. También en la manera de retomar la mesa de diálogo, e incluso en concretar su «metodología», pese a que se acordó para la investidura, en enero de 2020, y la legislatura ya ha superado su ecuador.

Bolaños no ocultó que «hemos constatado discrepancias con el asunto derivado de las informaciones que aparecieron en el ‘New Yorker’», admitió en referencia al informe de la organización Citizen Lab que hablaba de hasta sesenta dirigentes separatistas espiados. Sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) únicamente acreditó una veintena, y todos con autorización judicial, en la comparecencia que hizo la ex directora del Centro, Paz Esteban , ante la comisión de secretos oficiales del Congreso.

Fuentes gubernamentales conocedoras de la reunión afirman que se discutió sobre ese informe –que el propio Sánchez llegó a poner parcialmente en duda en su comparecencia parlamentaria sobre el caso–, pero aseguran que no tensión. «Nos tenemos muy escuchados sobre esto» afirman coloquialmente. Sobre este asunto, Bolaños volvió a lanzar a la Generalitat el mensaje de que el Gobierno central desclasificará documentos ante «cualquier petición que se nos haga desde un tribunal». En síntesis, el ministro relató que «el Gobierno de España ha hecho avances, pero a ellos no les satisfacen».

 Aragonès está atrapado en el caso Pegasus. Es uno de los afectados directamente y Junts, que forma parte de su gobierno, presiona permanentemente con este tema para dinamitar cualquier acercamiento entre gobiernos. Ayer, antes de la reunión Bolaños-Vilagrà, Jordi Turull , flamante número dos de Junts y uno de los agraciados con los indultos de Sánchez, criticó el encuentro porque, desde su punto de vista, solo sirve para «blanquear» al presidente del Gobierno y el espionaje a los independentistas.

Ante esto, Vilagrà reiteró la necesidad de volver a construir puentes en base a la recuperación de la confianza del Govern catalán en el Gobierno. La consejera insistió en que es imprescindible que la mejora en las relaciones se traduzca en hechos; es decir, en «unas garantías que generen una confianza mínima», porque «sin confianza, no hay relación posible» y ahora estas «condiciones mínimas no se dan», dijo. Aunque en este aspecto tampoco concretó, la consejera catalana reprochó al Gobierno la gestión de Pegasus, que califica de «represión», pero no acotó lo que espera del Ejecutivo, una vez el independentismo ya consiguió la cabeza de la directora del CNI y la inclusión de sus grupos aliados, singularmente Bildu, en la comisión de secretos oficiales.

Así, desde la Generalitat, pese a la dificultad de acordar medidas concretas que satisfagan los objetivos de los nacionalistas, Vilagrà señaló que la reunión de este miércoles debía servir para dar «una nueva oportunidad para la política y el proceso de negociación, que es la mejor vía para resolver el conflicto político».

E insistió, finalmente, en que por parte de los independentistas nunca renunciarán a «la vía democrática» para resolver «el problema político», que debe concluir, eso sí, con la celebración de un referéndum de independencia. Laura Vilagrà concluyó con un mensaje al Ejecutivo: «La represión es incompatible con la negociación política. La decisión está en su tejado».