En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Montero ha señalado que se debe «investigar a todas las personas» a las que los tribunales «consideren conveniente en el marco del desarrollo de sus actividades financieras».
La ministra portavoz se ha expresado así después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrpución para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
En una nota remitida este lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) explica que esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado.
En este sentido, Montero ha dejado claro que el Gobierno «no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario para que los tribunales» puedan «desarrollar sus cuestiones en las mejores condiciones posibles».
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