El Gobierno de Sánchez ve con «normalidad» la apertura de las «embajadas» catalanas

En el propósito de «normalizar» las relaciones políticas con la Generalitat de Cataluña, el Gobierno mira para otro lado en esta cuestión. «Asistimos con respeto a la apertura de embajadas», porque así las llamó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que insistió en no prejuzgar acciones irregulares: «Vamos a mirarlo con normalidad». Celaá se limitó a decir que el Gobierno «tiene procedimientos para entrar a conocer qué se está haciendo». Esta es la posición oficial del Gobierno. Esta semana en un encuentro con la prensa el ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró que la Constitución no plantea ningún problema a la creación de agencias de representación exterior, asegurando que su existencia «ni motivó el 155 ni se pueden cuestionar».

Respecto a la posibilidad de que se proceda al acercamiento de los presos independentistas, después de que el Gobierno llevase días asegurando que al ser presos preventivos la competencia era del juez instructor, Pablo Llarena, y de que éste rechazase ese argumento, el Ejecutivo mantiene la idea de no promover ningún acercamiento mientras dure la instrucción del caso. Pero su compromiso alcanza ese horizonte temporal. Una vez superado el Gobierno no cierra la puerta al acercamiento.

Esta es una cuestión que ha demandado el líder del PSC, Miquel Iceta, que fue más lejos si cabe esta semana al pedir la libertad de los presos hasta que tenga lugar un juicio. «Esta es una cuestión de matices. El Gobierno y supongo que también el juez Llarena son conscientes de que los presos en prisión provisional están a disposición del juez instructor», dijo Celaá, que insistió en que «el Gobierno lo que afirma es que los presos preventivos deben estar cerca del juez instructor para mayor seguridad de los internos y para facilidad del juez».

Solo entonces el Gobierno tomará una decisión: «Una vez concluidas las diligencias, ciertamente la responsabilidad pasa a Instituciones Penitenciarias. Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial, y se actuará para el bien de todos», dijo Isabel Celaá abriendo la puerta a ese acercamiento en el futuro.

Lo que fuentes del Ejecutivo rechazan es que esta cuestión vaya a ser condicionada a cómo se desarrolle el próximo encuentro que Pedro Sánchez y Quim Torra tienen previsto mantener. «No tenemos hipotecas», dicen desde el Ejecutivo. No hay todavía novedades sobre cuándo se producirá ese encuentro. Celaá sí anunció ayer que la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos empezará «antes de verano» y que se seguirá el orden de antigüedad de los estatutos de autonomía. Por tanto, la primera reunión la mantendrá Sánchez con el lendakari Íñigo Urkullu y la segunda con Quim Torra.

La cuestión de la política penitenciaria será clave en las próximas fechas e irá más allá de la cuestión catalana. En otro momento se preguntó a Celaà nuevamente por el acercamiento a Cataluña, y también al País Vasco de presos de ETA ahora que la banda terrorista ha anunciado su disolución. La portavoz dijo que eso no se trató en el Consejo pero que «obviamente, cuando las circunstancias cambian, se requieren de otras políticas y de esto hablaremos en otras conferencias de prensa con toda seguridad»